Nuevas elecciones congresales: ¿Más de lo mismo?

Por Francisco Pérez García

Si los sondeos electorales -esos que inexplicablemente siguen siendo silenciados en épocas donde las redes sociales te cuentan todo- confirman las tendencias del voto para el domingo 26 de enero, tendremos un nuevo Congreso que de “nuevo” no tendrá ni una letra y es que básicamente los partidos que respaldaron el obstruccionismo de la mayoría abrumadora de Fuerza Popular y que apoyaron la “juramentación” de Mercedes Araoz como “presidenta” tras la disolución del Congreso, serían los que controlen las decisiones en el Parlamento que llevará las riendas de la vida legislativa en el país.

Entonces, la gran pregunta que surge -con un alto porcentaje de gente que aún no decide su voto- es ¿Para qué se disolvió el congreso? Y otra interrogante es ¿por qué los sondeos no van de la mano como un efecto de la continuidad de lo que se dio en llamar la “lucha contra la mafia”?

Quizá la respuesta está en el hartazgo de ver una clase política que no cambia, que no ha aportado nada nuevo en una campaña sombría, aburrida, minada por las fiestas de fin de año y que solo ha cobrado cierta notoriedad cuando algún candidato o candidata ejecutaba una performance discriminadora, misógina, homofóbica o ventilando alguna mentira.

Los partidos que hoy lideran la intención de voto son los mismos que en octubre del año pasado decidieron confrontar su retiro de la vida política enfrentando el cierre constitucional del Congreso. Son los mismos que se encargaron de blindar en todas las formas a los acusados por corrupción, son los mismos que se opusieron a normas que podían beneficiar a la gente, son los mismos que se opusieron a la reforma política, la reforma judicial, los que quieren que las educación básica y superior siga siendo mediocre, los que quieren que el trabajo juvenil siga siendo precario y hasta esclavizante, esos, son los mismos que hoy lideran el voto para el domingo.

¿Y por qué? ¿En qué han fallado las fuerzas progresistas para no calar en la intención electoral de la gente? Tal vez en sus silencios. Tal vez en sus alianzas extrañas e inconsecuentes al inicio de la campaña. Tal vez en sus escándalos que terminaron debilitando de alguna forma a sus listas partidarias, tal vez en la incoherencia de proteger a algunos de sus candidatos acusados, sentenciados, o sobre los cuales se perfila algún atisbo de sospecha. Todo eso suma, seguramente.

O tal vez es porque la gente simplemente está más preocupada en el día a día, en conseguir el recurso para llegar a fin de mes. Tal vez porque enero es un mes clave para muchos porque se debe concretar si los hijos irán o no al colegio o si podrán llegar al instituto o la universidad. O si alguien de la familia no se enferma, agradecer que ese dinero se podrá usar para otra cosa.

Llegar al 2021 será una odisea para el gobierno de Martín Vizcarra. Las fuerzas políticas que han buscado desestabilizar el proceso de la lucha anticorrupción siguen ahí y no le van a perdonar el cierre del Congreso. Eso es un hecho. La calle ya no es un aliado. Este proceso electoral no va a legitimar la disolución y eso es una espada de Damocles peligrosa sobre nuestra débil democracia que con todo y sus imperfecciones lleva 20 años. Veremos el lunes que resultados nos depara esta nueva “fiesta electoral”.

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Perú en la antesala electoral

Por Gustavo Espinoza M.

Finalmente el próximo domingo tendrá lugar el proceso electoral complementario que permitirá renovar el Congreso de la República que fuera disuelto el pasado 30 de septiembre.

Una veintena de partidos políticos y organizaciones del mismo signo han inscrito listas, y más de dos mil ciudadanos las integran con la idea de ganar para sí el favor de los votantes.

La falta de unidad y cohesión constituye el signo distintivo de este proceso, al que se suma la preocupante ausencia de propuestas que puedan, realmente, interesar a los electores.

Pareciera que el país vive en una suerte de desierto político en el que no fructifica semilla alguna. Daría la impresión que, en la materia, los peruanos estamos pagando el precio de una etapa en la que los bribones se auparon en el Poder y lograron borrar de la cabeza de la gente todo vestigio de ideas políticas.

Porque la clase dominante, en nuestro país, no se propuso imponer aquí el “pensamiento único”, sino más bien eliminar cualquier clase de pensamiento que alimente el espíritu de nuestros ciudadanos.

“Que nadie piense”, pareció ser la consigna en boga desde los años 90 hasta nuestros días, con escasos interregnos. Y que piensen sólo los que mandan, por cierto, porque ellos construirán el “modelo” más perfecto.

Para algunos, la dispersión asoma como “garantía ciudadana”. Le confiere al votante la posibilidad de “escoger” entre diversas variantes, aunque esconde en realidad una penosa constatación: no hay criterio común ni acuerdos respecto a lo que se deba hacer. Cada quien promueve lo que le place, y escoge el derrotero que le entusiasme. Así, nunca será posible forjar una sociedad de nuevo tipo.

Conscientes de eso -que constituye una verdadera trampa- las fuerzas más progresistas y avanzadas de la sociedad peruana, buscamos siempre marchar contra la corriente, alentando la unidad.

Fue esa la esencia del Frente Democrático Nacional, surgido en 1945; del Frente de Liberación Nacional de los años 60; de la “Unidad de Izquierda” en los 70; y de Izquierda Unida, en los 80.

Fue esa política –constructora y unitaria- la que permitió esbozar un camino orientado a remontar la crisis que agobia al país. El proceso de Velasco, cumplió el programa requerido en el periodo.

Hoy, sin embargo, se repitió el esquema de la división, el que llevó a la derrota al movimiento popular en 1990 y que se repitió dramáticamente después abriendo paso, primero a una dictadura siniestra, y luego a regímenes corruptos, comprometidos hasta los huesos con el neo liberalismo.

Como lo dijimos ya “aunque los dirigentes de la debilitada izquierda peruana proclamaron a grandes voces su “firme voluntad” de construir la unidad, una vez más forjaron la división”. Ella les permitió tener cabida hasta en 5 listas distintas. y sumar candidatos a destajo. Eso, los conducirá a una nueva derrota.

¿Podrá ser ésta una última, y decisiva, experiencia de fracasos? ¿Podrá ser posible que, como lección de ella, el 2021 se pueda unir fuerzas para salir adelante? Aunque los milagros no existen por lo menos en política, tal vez asome en la cabeza de los que “deciden” en el tema, alguna veta de sentido común; y la cosa ocurra.

Por ahora, hay que hacer el pan con la harina que se tiene en la mano. Hay que buscar una, entre las diversas listas de izquierda y progresistas, una que responda mejor a nuestra propia opción; y encontrar en ella dos candidaturas que nos permitan usar mejor el “voto preferencial”. Gente honrada y combativa, entre los propuestos, la hay. Merece apoyo.

Lo que no hay que hacer, es caer en el escepticismo, o en la desesperanza. Ellas nos llevarían -bajo falsos preceptos “teóricos”- a una opción indeseable: el voto nulo, en blanco o viciado. Hay que descartar de plano esa “salida” que agravaría aún más la situación.

Recordemos: el fujimorismo obtuvo, el 2016, el 23% de los votos para su lista parlamentaria. Eso, les habría permitido obtener alrededor de 25 congresistas, de un total de 130. Pero el “reparto” entre las opciones ganadoras de los votos viciados, nulos y en blanco, permitió que se le reconociera a la lista de Keiko un 53% de votos y un total de 73 congresistas.

En otras palabras, le cayeron del cielo las 33 plazas congresales que convirtieron a “Fuerza Popular” en la base hegemónica del Parlamento disuelto el año pasado.

Repetir la experiencia y viciar los votos, en esta ocasión, no sería otra cosa que golpearse con la misma piedra.

La reciente decisión electoral referida a la no pérdida de inscripción para los partidos que no alcancen la valla establecida, es una suerte de “salvavidas” lanzada sobre todo al APRA, la fuerza más debilitada de la actual coyuntura.

Razón adicional para no hacerle el juego al enemigo. Hay que votar, entonces, y hacerlo con responsabilidad y altura.

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En Perú, aún las aguas bajan turbias

Por Gustavo Espinoza M.

Suele decirse que quien sufre una derrota política tiene derecho a tomarse las siguientes 24 horas para maldecir a sus jueces; pero luego, su reacción debiera ser más inteligente.

Ocurre sin embargo que, en nuestro país hay quienes no asumen tan elemental criterio quizá porque nunca fueron Políticos. Hicieron uso de la política –que es distinto- para alcanzar privilegios y defender intereses; pero nunca para tomar en sus manos el destino del país y de su pueblo. Por eso ahora continúan una perorata insufrible que dice muy poco de sus propia consistencia humana. Señal, sin duda, que aún las aguas bajan turbias

Recordemos brevemente que, ante la crisis nacional, el 28 de julio pasado el Presidente Vizcarra tendió la mano al Congreso y le formuló una propuesta sensata: “como no podemos entendernos, ni resolver nada; vayámonos todos juntos, y aseguremos que venga un nuevo gobierno” les dijo más o menos en términos concretos.

A partir de allí se perfiló en el escenario del Congreso no sólo el rechazo a la iniciativa, sino también una maniobra orientada a un propósito definido: Ándate tú, que nosotros nos quedaremos, llueva o truene. La idea trajo preñada una iniciativa francamente golpista: seducir a la Vice Presidenta Mercedes Araoz, para que ella asuma la Jefatura de la Nación. Eso último no fue nada difícil porque para la doña, se trataba de una Pera madura y a punto de caer en sus predios. Así, la conjura se puso en marcha y el tema de la Vacancia Presidencial dispuesta por el Legislativo, cobró dimensiones, a la sombra de la ambición y la codicia.

Hoy, después de ocurridos los hechos del 30 de septiembre y disuelto constitucionalmente el Congreso de la República; los vencidos viven el pasado y demandan que el Jefe del Estado renuncie a su cargo. Así, entonces, “nos iremos todos”, dicen en el marco de una incontenible lloradera que mezclan con duras imprecaciones y hasta alusiones demoniacas (“Hugo Chávez se ha reencarnado en Martin Vizcarra”, aseguran balbuceantes).

Es bueno que hoy pasados siete días de los hechos, vuelvan a la realidad y se den cuenta que ya todo cambió. Ellos no son lo que eran, y el escenario que afrontan es radicalmente distinto: perderán sus privilegios y deberán rendir cuenta de sus actos. No tienen otra.

El Congreso, ya no existe. La Comisión Permanente tiene las mismas funciones de una Mesa de Partes y no tiene más tarea que velar por funciones administrativas, y tramitar documentos que les envíe el gobierno. No puede ser, entonces, tribuna para discursos sediciosos ni llamamientos fuera de lugar. Si quieren hablar en voz alta -y encuentran quién los escuche- que vayan a la Plaza Pública. Eso, no le costará al Estado.

El Tribunal Constitucional, por su parte, sigue funcionando con su composición anterior porque nadie lo ha disuelto. Y el primo del señor  Pedro Olaechea no podrá integrarse allí porque su elección fue ilegal,  y porque incluso el fraude que hizo “posible” el puesto al que aspira, no quedó consumado. El voto que se usurpó –el que pertenecía a la congresista Foronda- fue el que le dio el “87” a Gonzalo Ortiz para que “ganara”, porque sin él, no habría alcanzado el número requerido. Anulado ese voto, se consagra la nulidad de esa elección.

Las elecciones congresales de enero renovarán temporalmente el Parlamento Nacional, y la ciudadanía concurrirá a votar, y haciendo honor a la experiencia adquirida, tendrá más cuidado al sufragar y no votará ni por corruptos, ni por incapaces.  Esos comicios, serán para todos un “ensayo general” de las elecciones del Bicentenario. En abril del 2021 se habrán de definir cosas.

Por eso, el pueblo seguirá en lucha: Los trabajadores recusarán el Decreto Legislativo 345 y todas las “reformas laborales” impulsadas por la CONFIEP.  Los jóvenes defenderán sus Universidades para que no sean botín de mafiosos. Las mujeres bregarán por sus derechos y por la igualdad. Los agricultores preservarán sus tierras.  Y todos los peruanos conscientes combatiremos contra el Neo Liberalismo, la írrita Constitución de la Dictadura y la política internacional que nos asigna Washington como “gendarme” de sus intereses.

Por lo demás, se seguirán conociendo los “codinomes”, y las truhanerías de la Mafia.  Y continuarán cayendo las máscaras en lo que hasta hoy ha sido una suerte de baile de disfraces en la que los malos se vistieron de buenos para sorprender a incautos.

Por cierto que hay que combatir no solo por hoy, sino también por mañana. Por recuperar las riquezas básicas en manos de consorcios extranjeros, por asegurar una economía social que proteja a los más necesitados, por garantizar un verdadero Estado Democrático, y por practicar una política exterior independiente y soberana, de amistad y de solidaridad con los pueblos de nuestro continente.

Finalmente, el país superará la crisis y será capaz de forjar su propio derrotero.

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Perú y el juego de la gallina

Por Sergio Pascual y Gisela Brito

Nuevamente se agitan las aguas de la política peruana. La situación de bloqueo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que viene marcando el pulso del país en los últimos años, está teniendo un nuevo punto álgido tras el rechazo, por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, a la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Martín Vizcarra. Dicha reforma buscaba facilitar un adelanto electoral a 2020 -las elecciones están pautadas para 2021- para desbloquear la crisis institucional y modificar el sistema de inscripción de partidos para hacer más sencilla la entrada de nuevos actores -incluido un partido para el propio Vizcarra, que se quedó sin sello propio tras su ruptura con Pedro Pablo Kuczynski-. Hasta ahora, el sistema político funcionó dominado por los partidos tradicionales y un puñado de titulares de inscripciones registrales que, en demasiadas ocasiones, se han cotizado al mejor postor, situación que bloquea la capacidad de nuevas fuerzas políticas de competir electoralmente.

El último episodio de esta disputa contamina a otro de los poderes públicos del Perú, el Tribunal Constitucional, que quieren copar vía express las mayorías fujiapristas del Congreso y al que ha puesto en el centro de la moción de confianza el presidente Vizcarra.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Para entenderlo hay que explicar, al menos, dos particularidades del sistema político peruano. La primera, de largo aliento, apunta al hecho de que Perú disponga de un modelo institucional muy expuesto a situaciones de bloqueo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo como la que se vive hoy. Efectivamente, con una Presidencia con poderes limitados frente a un Congreso adverso que funge de “perro del hortelano” (ni come ni deja comer) la situación deriva en bloqueo. Ni el Congreso puede legislar libremente en función de sus mayorías -como en los sistemas parlamentaristas británico o español- ni el presidente puede evitar que el Congreso impida sus iniciativas.

Por otro lado, un elemento de corte más coyuntural: un caduco sistema de partidos fujiaprista corroído por la corrupción y un deadline concreto para la carrera política de los asambleístas actuales, a los que el referéndum de diciembre de 2018 les prohibió la reelección y, por tanto, sus expectativas de carrera política en el Congreso. Se trata de una expresión más del cariz revanchista que viene tomando la dinámica de la política peruana.

Como en el mítico western, se alinean los ingredientes perfectos para un “duelo en ok corral”: un presidente sin partido que necesita una reforma del sistema de inscripción electoral y unos asambleístas que ya no tienen nada más que perder. Sólo en esa lógica del juego de la gallina, en el que dos coches se lanzan a toda velocidad uno contra otro a ver cuál se aparta primero, es posible entender tanto los últimos movimientos políticos en el Perú como las declaraciones de (otra) jornada de alta tensión: “no nos quedaremos cruzados de brazos” dice el Gobierno, “Si cree que puede cerrar el Congreso que lo haga”, dice el fujiaprismo enquistado en el Congreso. El problema es que con los coches que se lanzan al desastre seguro van los últimos restos de confianza de los peruanos en sus instituciones. Como espectadora del drama, una sociedad hastiada de la clase política que demanda un cambio profundo en el país al grito de “Cierren el Congreso”.

Ninguno de los escenarios posibles para Vizcarra podía mejorar esto. Por un lado, en un primer escenario, el presidente podría, sencillamente, haberse resignado a terminar el mandato, con la consiguiente pérdida de legitimidad y el deterioro de la figura de la institución presidencial, que habría sido derrotada por el Congreso en las horas más bajas de la historia del Perú. Algo similar habría sucedido en un segundo escenario, si hubiera renunciado, caso en el que habría sido reemplazado y el Congreso mantendría su mandato hasta 2021. El tercer escenario, el más arriesgado, apuntaría la posibilidad de que el Presidente cierre el Congreso. En este caso, la primera opción para el presidente habría sido entender que la moción de confianza que presentó hace sólo unos meses -asociada a las reformas políticas pendientes- no ha sido superada en la práctica. Esta vía, eso sí, habría abierto una delicada y larga disputa jurídico-constitucional con resultados inciertos y el seguro enquistamiento del conflicto. Quizá el peor de los escenarios para la salud institucional del Perú.

Finalmente, en un cuarto escenario, el escogido por Vizcarra, se someterá a una nueva moción de confianza, con el Tribunal Constitucional en el centro del debate, a sabiendas que los tiempos para la misma los controla el Congreso y que, en el mejor de los casos, si el Congreso le niega la confianza, podría disolver el Parlamento y convocar elecciones a la la Cámara de Representantes. Eso sí, con las viejas normas electorales, sin partido propio y habiendo estrechado, aún más, el tiempo para lograr las reformas políticas pendientes en su mandato presidencial.

Entre tanto, queda por verse si el Congreso intentará o no activar el mecanismo de vacancia contemplado en el diseño constitucional, para el cual se requiere el voto de 87 parlamentarios y podría concluir en la remoción del presidente, en una vuelta de tuerca más en la profunda crisis política que atraviesa la democracia peruana.

Tomado de Celag

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Cayó Bolton pero no la madre que lo parió

Por Manuel E. Yepe

Astuto, testarudo y políticamente peligroso… Así adjetiva el analista de política exterior, columnista de la agencia de prensa británica Reuters, Daniel R. DePetris, la defenestración del tenebroso asesino múltiple en la política de Estados Unidos John Bolton, anunciada ayer por su jefe, el no menos tenebroso Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América.

“John Bolton es todo lo contrario a lo que debería ser un asesor presidencial de seguridad nacional. Es tan testarudo como un rinoceronte, tan astuto como una serpiente y tan peligroso como un escorpión. La de Bolton es una visión extrema, en blanco y negro, del mundo: si no eres un aliado de Estados Unidos, eres un adversario que necesitas una bota en el cuello en forma de fuerza militar o de sanciones económicas.

“Las consecuencias estratégicas de segundo y tercer orden no son un obstáculo para Bolton. ¿Por qué pasar por el espectáculo humillante de negociar cuando simplemente se puede bombardear las instalaciones nucleares de Irán o acabar violentamente con el “régimen” de Kim Jong-un por la fuerza?

“La diplomacia, después de todo, es para los débiles, los burócratas del Departamento de Estado y los apaciguadores. Si el jefe insiste en la diplomacia, entonces aconséjele que exija la luna, las estrellas y todo lo demás antes que ofrecer una moneda de cambio en forma de alivio de sanciones”.

John Bolton hizo su carrera actuando como demoledor de acuerdos de control de armamentos y, de hecho, de acuerdos de cualquier tipo. Antes de unirse a la administración Trump, como asesor de seguridad nacional, Bolton fue, por breve tiempo, embajador ante Naciones Unidas y subsecretario de Estado para el control de armas, en cuyo cargo intentó destituir a un analista de inteligencia por no estar de acuerdo con su posición sobre un supuesto programa de armas biológicas de Cuba.

Cuando el presidente le pidió a Bolton que se desempeñara como su asesor de seguridad nacional el año pasado ello generó muchas preocupaciones y confusiones porque Trump y Bolton no podían tener desacuerdos más fundamentales en materia de política exterior. Aunque ambos se burlaban de las Organización de Naciones Unidas, así como de las organizaciones internacionales en general y tenían puntos de vista divergentes en algunos de los asuntos más importantes de la agenda, Bolton preferiría atacar a Irán antes que dialogar con sus líderes, alternativa que Trump ha dicho en numerosas ocasiones que estaría más que feliz de considerar (en la próxima reunión de la Asamblea General de la ONU, por ejemplo).

En cuanto a Venezuela, Trump parece haberse lamentado de tratar de derrocar a Nicolás Maduro, cuando Bolton atacaba a Caracas como integrante de una “troika de la tiranía”. La obsesión de Bolton por desnuclearizar unilateralmente a Corea del Norte -un enfoque que pesó sobre Trump durante su segunda cumbre con Kim Jong-un, en febrero- es mucho más probable que conduzca al fin de la diplomacia que al fin del programa armamentista nuclear de Pyongyang. (Si es que alguna vez lo hubo).

Trump se cansó de Bolton de la misma manera que se cansó de otros miembros de su personal más allegado: Rex Tillerson, James Mattis, Steve Bannon, Reince Priebus, H.R. McMaster, y John Kelly fueron todos convenientes al presidente en un momento dado, sólo para ser abruptamente despedidos o convencidos de que renunciaran.

Bolton, tan espinoso como un puercoespín al tratar con sus colegas, llevaba mucho tiempo con tirantez en las relaciones con Trump. La NBC News informó que los dos hombres tuvieron una pelea a gritos a puertas cerradas la noche anterior a la renuncia de Bolton.

Trump informó que anunciará el nombre de su nuevo asesor de seguridad nacional la próxima semana, y los pasillos en Washington ya están llenos de especulaciones al respecto.

Según DePetris, Trump necesita un asesor que esté dispuesto a participar en una negociación pragmática y esté preparado para una negociación incómoda pero necesaria. Necesita a alguien que le ayude a poner fin a las guerras que han continuado sin rumbo y sin propósito. Necesita a alguien que responsabilice a los miembros de la administración cuando se nieguen a ejecutar la política una vez que sea aprobada por las agencias.

Todo esto será más fácil con Bolton fuera del equipo. Pero la Humanidad no se hace ilusiones. En el salón oval de la Casa Blanca quedan muchos otros Halcones casi tan crueles y despiadados como éste para aconsejar al Halcón en jefe. Pero indudablemente ha habido un respiro.

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La reforma política que no fue

Por Aída García Naranjo Morales*

Ante el clamor popular para que se cierre el Congreso y se supere la confrontación política y la crisis, el Presidente de le República Martin Vizcarra propuso en el mensaje a la nación del 28 de Julio adelantar las elecciones generales al 2020, lo que implica recortar el mandato, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, un año.

La comisión de Constitución que deberá discutir el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones mantiene su actitud obstruccionista rechazando el pedido de que el grupo sesione de forma permanente y posterga el debate de la norma para el mes de setiembre. Por su lado el presidente del Congreso Pedro Olaechea aceptó la propuesta de diálogo en Palacio de Gobierno, descartando de plano hacerlo en otros espacios, y sin modificar su propuesta de elecciones el 2020.

La iniciativa de adelanto electoral es popular en el país (70% según la encuesta IEP/agosto 2019) y cuenta con el respaldo de diferentes bancadas del Congreso, sin embargo, la mayoría obstruccionista en el Legislativo camina en el sentido de bloquearla, y no descarta el escenario de vacancia presidencial. El desenlace de esta crisis y la definición de un nuevo escenario político se abrirían hacia setiembre de este año.

Es en este contexto que el Congreso remitió el 6 de agosto, cuatro autógrafas de ley sobre la Reforma Política, las que fueron promulgadas en la víspera por el Ejecutivo en acto público en Palacio de Gobierno; hecho significativo considerando que la actitud de la mayoría del Congreso no se distanció un ápice de su actuación previa a la cuestión de confianza.

Hicieron caso omiso al hecho de que esta reforma fue mayoritariamente refrendada por el referéndum nacional de diciembre del año 2018. Y a la cuestión de confianza, aprobada con 77 votos por el mismo Congreso luego que el Presidente Martín Vizcarra anunciara que recurría a este mecanismo para aprobar la reforma. A través de ésta se había buscado realizar la reforma integral de tres sistemas: el de gobierno, el de partidos y el electoral la que redujo al denominado ” núcleo mínimo de las reformas”

Definitivamente no estamos ante la Reforma Política Integral que inicialmente se quería.

Estamos ante una Reforma Electoral parcial, inconsistente e inconclusa. No se cumplieron los objetivos propuestos, que eran renovar la política, abrir el sistema de partidos a nuevos actores, cambiar las reglas de juego de los diferentes sistemas y contar con un cronograma que haga posible y renovado el próximo proceso electoral del año 2021; En estas circunstancias, pese a la promulgación de las cuatro normas, los nuevos actores políticos verían afectada su presencia dado el proyecto de adelanto electoral al 2020.

No se ha respetado ni la naturaleza, ni el espíritu, ni la integridad de la reforma política.

La mayoría parlamentaria del Congreso optó por no producir cambios significativos, mantener el estatus quo del actual sistema cerrado de partidos, afectar las decisiones ciudadanas, debilitar el rol de los votantes, postergar la aprobación de la paridad y la alternancia al año 2031 y postergar parcialmente la aprobación de aspectos sustantivos de los proyectos referidos al financiamiento, de los partidos. Tres asuntos son sin embargo positivos; no habría candidatos sentenciados, las mujeres competirían en una cuota del 40% y no se repetiría el abultado número del fujicongreso con 74 congresista.

Veamos uno por uno los puntos de la reforma política, y cómo fueron desnaturalizados:

1. Proyecto de ley de reforma constitucional sobre impedimentos para ser candidato o candidata: La esencia es “que se impida ser candidato a quien haya sido condenado en primera instancia por delito doloso cuya pena sea mayor a 4 años de privación de la libertad” La Ley aprobada modifica el artículo 34 de la Constitución. En este único caso, el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución sí respetó la esencia.

2. Proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas, regulando la democracia interna y promoviendo la participación ciudadana en la selección de candidaturas: Se desnaturalizó porque no se establece que se realicen elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía, supervisadas por los órganos electorales. Los 24 partidos inscritos actualmente harían elecciones internas en las que solo participarían los militantes, quienes decidirían la totalidad de candidaturas. Las listas resultantes se presentarían después a “elecciones primarias” con la ciudadanía, limitándose al electorado a ratificar lo decidido de manera cerrada por el partido. En el actual cronograma electoral de adelanto de elecciones al 2020, es aún imprevisible su realización.

3. Proyecto de ley que modifica el Sistema Electoral Nacional, eliminando el voto preferencial y aprobando la Paridad y Alternancia en listas electorales: El proyecto se desnaturalizó porque:
a.  No se eliminó el voto preferencial y
b.  No se estableció la alternancia y paridad de género en la conformación de las listas.

El Pleno del Congreso aprobó una cuota de 40% “con perspectiva    paritaria” en un distante año 2031. Además, la norma señala que el JNE y la Defensoría del Pueblo realizarán una evaluación sobre su eficacia y aplicación al terminar el proceso electoral. Su informe se remitiría al Congreso, para que éste determine finalmente su continuidad, modificación o supresión. En la autógrafa remitida al ejecutivo hay una variante la que solo podremos verificar luego la promulgación. Y el voto preferencial se mantiene para las elecciones del 2021. (Se supondría también para el 2020)

Esta norma ha alterado lo esencial de su naturaleza, la eliminación de voto preferencial y la aplicación de la paridad y la alternancia.

4. Proyecto de ley que modifica el sistema electoral sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales:Se incorporó la propuesta del Ejecutivo de eliminar la valla del 4% de las firmas de adherentes, suspendiendo el requisito de entregar más 700,000 firmas válidas, pero, al mismo tiempo, se incorporaron nuevas barreras de acceso- El proyecto proponía eliminar comités territoriales. La norma aprobada obliga a contar con comités territoriales en 20 regiones y 65 provincias, por encima de lo establecido en la ley de partidos vigente (Ley 28094) y la propia propuesta del Ejecutivo. Además, establece un padrón de afiliados por encima de lo que planteó el Ejecutivo (0.075%) que se estimaba 14 mil afiliados, dejándose en la norma aprobada el 0.1%, estimado en un número superior a los 24,000 militantes. El mínimo que establece la Ley de Partidos vigente es de 3,250 afiliados, (65 comités de 50 miembros) No se ha considerado que en las últimas Elecciones Municipales y Regionales 2018 los únicos partidos con presencia por encima de las 20 regiones fueron APP y AP. La ley vigente exige presencia en 16 regiones. Estos requisitos, además, tendrían que ser cumplidos en un año de plazo, acortándose la vigencia del Kit Electoral (actualmente es de dos años).

Todo ello no hace posible renovar, de manera significativa, el actual sistema de partidos, y hace casi inalcanzable el cumplimiento de las exigencias para el 2020. Se impediría así la renovación de la política, en tanto las nuevas reglas son favorables al viejo sistema de partidos. Esta norma estaría viciada en su esencia, sin nuevos actores políticos, es decir, nuevas organizaciones partidarias que no logren ingresar al proceso electoral 2020 / 2021.

5. Proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y modifica también el Código Penal respecto al financiamiento de organizaciones políticas: Fue aprobado sólo parcialmente, limitándose a normar únicamente los aspectos penales. Ni siquiera se abordó el financiamiento mixto de la política (financiamiento público directo e indirecto). Tampoco se abordaron ni zanjaron los asuntos administrativos que requieren ser revisados. No se discutió el tema del derecho de nuevas organizaciones inscritas a acceder al financiamiento público indirecto (vía la franja electoral) para que la ciudadanía esté informada de toda la oferta electoral que compite.

Y, más grave aún: no se eliminaron las aportaciones anónimas, sólo se fijó un monto tope de aportaciones de hasta dos UITs, con lo cual se seguirá permitiendo el sistema de “pitufeo” usado por la corrupción para financiar la política y subordinarla a sus intereses.

6. Proyecto de ley que modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria: El Ejecutivo planteó que el fuero para los congresistas con problemas judiciales quedara en manos de la Corte Suprema. Pero el texto sustitutorio de Constitución desnaturalizó totalmente esta posibilidad, insistiendo en que esta potestad continúe en el Parlamento, ratificándose en la vieja mala práctica que otorongo no come otorongo”

Entre las consecuencias más graves de esta pérdida de una verdadera Reforma Política, (que no fue) es la no renovación de la clase política peruana, en tanto las reglas aprobadas son favorables al viejo sistema de partidos que se mantendría (con nuevos y viejos rostros) Y sin nuevos actores políticos, es decir sin nuevas organizaciones partidarias que no lograrían ingresar al próximo proceso electoral, con lo que no habrá una significativa renovación.

*Asesora Parlamentaria

Tomado de Otra Mirada

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EE.UU. – Venezuela: Eje continental

Vengo a llamar al pueblo a la lucha, a la carga, a la acción contra Trump. Vengo a llamarlos a levantar la mirada, la bandera de la Patria y decir que Venezuela se respeta. Tenemos que hacer respetar la fuerza y el legado de la Patria de los libertadores”.

Nicolás Maduro

Polarización extrema

Poco a poco, Venezuela viene desarrollando una política de paz que libere a su pueblo y a toda América Latina de la guerra; de lucha contra el neoliberalismo, de aplicación de leyes socializadoras y de práctica antiimperialista. Todo ello está conduciendo a una polarización extrema entre las élites del país y de los países subordinados a los EEUU; y los pueblos sometidos y hambreados históricamente en aplicación de la doctrina colonialista, racista e imperialista del Patio Trasero. La situación de tensión es insoportable y es además agudizada por la amenaza de una nueva crisis económica mundial que casi nadie niega en estos momentos.

No hay ninguna duda de que Maduro contacta con los pueblos sublevados al sur de Río Grande, sea cual sea la posición política de sus gobiernos. Los estrategas yanquis saben que si se produce la guerra tantas veces anunciada contra Venezuela, América Latina explotará como una bomba y esas élites corruptas y explotadoras tendrán que buscar refugio en Florida, donde ya no tienen cabida; y en donde serán recibidos con el desdén que merecen los traidores a sus pueblos.

Su “lacayage” será despedido sin más demora, con “finquita” o “casona” en Florida o en España, para los que pueden pagarla en oro o con un dólar a la baja; o irá a engrosar sin más los índices de la delincuencia o de la miseria. Eso le pasa al ejército vencido: “Roma no paga a traidores” piensan los militares y los grandes funcionarios –incluido el Presidente de los Estados Unidos, sus ministros y sus asesores expertos en los genocidios de la guerra y del hambre.

El grado de debilidad de la oposición a la revolución, y del Imperio

Así que, ténganlo claro los Guaidó, los López y el Julio Borges, tanto como los últimos “líderes en oferta”, lanzados a la palestra de la guerra contra la revolución bolivariana; y presentados ahora nada menos que como chavistas. Henri Falcón es, al parecer, el primero de ellos. El cinismo no tiene límite. Sin embargo, no hay nada como eso de la “conversión al chavismo de la oposición”, para calcular el grado de debilidad de la misma y de sus manipuladores imperiales. Ofrecen democracia burguesa futura según el modelo chileno, con hambre, represión, paro y devastación.

Incluso en los propios Estados Unidos, las élites privatizadoras han llevado a su pueblo a una alternativa inviable e inhumana: o el empobrecimiento masivo, o la guerra o las guerras exteriores genocidas, depredadoras y de saqueo, que sirvan para mantener o recuperar el tan querido “modo de vida americano”. El problema es que la guerra no es viable dentro de los márgenes estratégicos que señalaban los expertos norteamericanos: Guerra sin bajas o Guerra de Cero Muertos, y Guerra fuera del territorio de los Estados Unidos.

La capacidad para desarrollar “dos guerras y media” se ha ido por la gatera de las ilusiones imposibles. Lo mismo ocurrió con la fantasía de que los EEUU, que afirmaba que un gasto militar superior a cualquier país o grupo de países garantizaba la derrota de sus enemigos y el mantenimiento de un nuevo Reich de los Mil Años. Lo anunció George W. Bush en su famoso documento: “La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, poco después del atentado de las Torres Gemelas, la invasión de Afganistán, y la segunda invasión de Irak.

El gasto militar y el predominio mundial

Ocurrió justamente lo contrario. A los Estados Unidos les ocurrió lo mismo que a la antigua URSS aunque por motivos distintos. El enorme gasto militar que iba a asegurar su predominio mundial absoluto aseguró su decadencia y la de sus aliados a los que pretende transferir sus enormes gastos militares, llevándolos a una situación social insostenible. China se ha colado por las grietas del sistema político, económico militar, tecnológico y social; por las debilidades del gigantesco poder imperiali y está a punto de asegurar la posibilidad de sostener una guerra defensiva con tecnología superior a la de los EEUU.

Por otro lado, la presión de Washington para sostener su poder imperial en varios frentes a la vez, ha determinado su declive económico y la caída irreversible de su poder militar. Rusia ha conseguido imponer su tecnología en el campo de los lanzadores de misiles móviles con base en tierra, de los misiles lanzados desde aviones y de los misiles lanzados desde buques y unidades militares territoriales. Por otro lado ha asegurado la capacidad de sus unidades móviles en tierra y de sus combatientes individuales. Finalmente ambos países han asegurado el control estatal centralizado de sus efectivos militares mientras que los EEUU dependen de su industria civil, de las grandes empresas del complejo militar-industrial, de la “obsolescencia programada” (repuesto programado de armas y equipos de guerra por las empresas de armamento, siguiendo criterios de creación de nuevos modelos y venta de los últimos utilizados a los países aliados), de sus equipos militares que aseguran los beneficios y las ventas del mencionado “complejo”.

Centros de programación de conflictos y de reconstrucciones

Las guerras se convierten en campañas para la venta de productos (armas y equipos militares), para el crecimiento de efectivos e instalaciones en el interior y exterior del país. Los gastos y los beneficios se convierten en descomunales, y los motivos para las guerras son programados según los cálculos de las grandes empresas capitalistas del complejo militar-industrial. Los propios soldados y las unidades combatientes son sustituidos por mercenarios, y compañías especializadas en reclutarlos, adiestrarlos y ofrecerlos al gran señor de la guerra. La guerra, con una crueldad acentuada, sin límites ni normas del derecho internacional, en las que el agresor juzga siempre a la víctima y le aplica una justicia sumarísima (Irak o Libia, como ejemplos más evidentes, próximos y televisadosii) se ha convertido en un negocio capitalista de grandes empresas.

Durante la segunda guerra de Irak, Paul Brener –el virrey con plenos poderes nombrado por George W. Bush- creó una Oficina de reconstrucción

La fantasía imperial soñó y creyó en la violencia como instrumento de control social y defensa del sistema capitalista

En la guerra contra América Latina los estadounidenses recurren a doctrinas tan antiguas, tan generales como su ámbito de aplicación, pero tan precisas en los métodos empleados y en los efectos previstos, como la del “Patio Trasero”.

Todo vale en tierra ajena que consideran propia, sea aquí o acullá, en Méjico, Chile Cuba, Perú, Nicaragua o Venezuela, donde se oiga el grito del pueblo. Todo vale desde el golpe de estado, asesinado selectivo o masivo, hasta la guerra económica o la invasión militar.

De ahí, de la guerra en casa del vecino menospreciado sale esa mirada larga del asesor de seguridad, John Bolton, que levanta la vista sobre las gafas de miope en “Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela” y hace ostentación de vigilar a toda América Latina. Se hace acompañar del secretario de Comercio, Wilbur Ross, para señalar al mundo su nueva estrategia de exterminio: la guerra económica total con el objetivo de asfixiar a Venezuela y a cualquier país que muestre sus simpatías por la revolución bolivariana. Bolton se estremece de sadismo al recordar que han restablecido en toda su crudeza la aplicación de la Ley Helms Burton contra Cuba. Una antigua cuenta pendiente con el país que ha resistido casi 60 años al imperio.

Se trata de aplicar los métodos empleados contra Cuba, Irán, Iraq y Libia, entre otros países, para obligarles a aceptar el capitalismo y el sistema de dependencia colonial que imponen los Estados Unidos. Al saqueo de las propiedades y fondos de Venezuela en el exterior, se añadirán las leyes extraterritoriales que impedirán el comercio con los EEUU a todos los países que apoyen de cualquier forma el “régimen” de Venezuela.

En este caso, al trasladar el foco de la guerra desde la OEA, al Grupo de Lima y, desde éste a la citada Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, los EEUU demuestran al menos varias cosas de máxima importancia:

-Primera: de salto en salto, de “oca en oca” como en el juego infantil del mismo nombre, desde la OEA hasta el Grupo de Lima, y desde éste a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, los EEUU han perdido toda la credibilidad política y diplomática.

-Segunda: los EEUU han perdido toda posibilidad de planear o realizar cualquier invasión militar a Venezuela; solos o con el acompañamiento de los países quisling de la OTAN o de los países con gobiernos serviles en América Latina.

Venezuela y sus aliados han ganado la intensa guerra de inteligencia con los EEUU. Las explicaciones públicas y detalladas del ministro de Comunicación Social así lo demuestran. Todas las redes golpistas han sido penetradas, sus reuniones filmadas y sus conversaciones grabadas. A la guerra global contra los pueblos de América Latina que tan insistentemente proclama Trump y sus asesores de seguridad, le ha respondido la inteligencia global de los pueblos amenazados por el Imperio.

-Tercera: han perdido la eficacia y en gran parte la posibilidad del magnicidio, la captación militar y el asesinato masivo. Maduro, gran líder revolucionario, tiene un estado mayor coherente, capaz de asumir el relevo. En la guerra sorda y secreta de la inteligencia y el espionaje-contraespionaje han ganado Venezuela y sus aliados.

-Cuarta: perdida la superioridad militar frente a Venezuela y sus aliados el imperio no tiene capacidad para disuadir.

-Quinta: su única posibilidad desesperada es la de una política de exterminio genocida. El magnicidio siempre es posible, todavía está en la carta que Trump sigue voceando: “todas las opciones están sobre la mesa”, pero no le resolvería nada a EEUU en Venezuela y además ampliaría el conflicto en América Latina.

La doctrina de Seguridad Nacional y sus desmanes

Los militares facciosos se emplearán a fondo bajo la dirección de la CIA y en nombre de la doctrina de la Seguridad Nacional que cuando se generaliza a otros países se denomina Seguridad Continental (Léase Operación Cóndor y en el caso de Venezuela Operación Libertad).

Más tarde llegarán, a través de sus siervos locales y de sus economistas -ilustrados para el caso por las doctrinas económicas de los EEUU, en el caso de Venezuela los Tratados de Libre Comercio y el neoliberalismo-, las privatizaciones, el descenso de los salarios, la persecución salvaje de los resistentes, la abolición de todos los derechos de los trabajadores. Todo ello va acompañado de una matanza masiva para implantar el terror, y de otra matanza puntual prolongada para asegurar el asesinato de los líderes obreros y la rentabilidad de las cárceles que se “habilitan” para las torturas y las largas estancias. Con frecuencia el golpe se inicia con el descabezamiento de la cúpula política y militar. Eso ocurrió –bajo dirección de la CIA y del Secretario de Estado, Henry Kissinger-, en el Chile de Pinochet. El Presidente Salvador Allende fue asesinado (o inducido al suicidio) y también, meses después, el general Prat, Jefe de las FFAA chilenas. Todo eso forma parte de la memoria de los pueblos.

Lo hicieron tal como dijo en su día Franklin Delano Roosevelt refiriéndose al antiguo dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza: “Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Un nuevo hijo de puta fue Pinochet, pero las esperanzas de contar con uno a mano, han desaparecido en Venezuela y en buena parte de los países resistentes contra el imperio y su receta neoliberal. El “bueno” de Franklin, como el bueno de Truman, o el no menos bueno de Churchill no fueron tres políticos democráticos y moderados, sino tres racistas consumados, tres genocidas y exterminadores. Su historia habla por ellos.

Todos los Presidentes

El gobierno de Washington durante todas sus presidencias, casi sin excepción, ha mantenido un rabioso sentido de la propiedad, extensivo a todos los horizontes, imperialista y racista, que se remonta a su propia conquista del Oeste y a su intervencionismo continuo en el continente americano.

En la actual guerra implacable contra la revolución bolivariana, los Estados Unidos han utilizado casi todos los métodos indicados en sus manuales de la guerra asimétrica, de intensidad variable, incluidos los intentos de asesinato del Presidente Maduro, la utilización de las guarimbas, la guerra mediática, la diplomática, la “guerra humanitaria”, el sabotaje económico y, por dos veces, el golpe de estado después de una etapa de intensiva campaña de captación de mandos militares fracasados para siempre los intentos de invasión del territorio venezolano con la excusa de la “invasión humanitaria” y la amenaza de una invasión directa o indirecta propiciada por los Estados Unidos.

A partir de finales de julio, una vez fracasado el último golpe en el que intentaron asesinar inmediatamente al presidente Nicolás Maduro, a la Vicepresidenta y a buena parte de sus ministros; medir la importancia de la deslealtad en las FANB y, sobre todo, los efectos del bloqueo económico en el pueblo, así como la potencialidad defensiva propia en el marco de la Unidad Pueblo-Fuerzas Armadas y de la estrategia de la Guerra de todo el Pueblo. También intentaron liquidar la potencialidad propia de las FANB y las del liderazgo de los líderes bolivarianos; así como destruir la parte más importante de las fuerzas bolivarianas así como su nivel de integración con las milicias populares. Asesinar a los internacionalistas cubanos que sostienen los sistemas de salud en todos los niveles y, en gran parte, el sistema educativo fue el objetivo primario señalado por los golpistas.

El golpe trató también de realizar una matanza de líderes sociales, la utilización de varias unidades militares y la puesta a prueba de la resistencia de las unidades fundamentales aéreas y misilisticas con las que cuentan las FANB.

El resultado fue especialmente doloroso para los EEUU. Los mandos de las FANB resultaron ser fieles a Nicolás Maduro y a la revolución Bolivariana en 95% de los casos, según los cálculos de los propios golpistas.

 

i http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/20/quiao-liang-y-wang-xiangsui-dos-viejos-coroneles-chinos-en-la-guerra-de-venezuela/

 

ii La brutalidad fue extrema en ambos casos y el regocijo espeluznante. Las imágenes del ahorcamiento de Sadam Hussein fueron terribles. Mucho más, tal vez, fue la violación y el asesinato de Gadafi, también televisados, seguido con grititos histéricos y jubilosos con una proclama imperial: “llegamos, lo cazamos y lo matamos” de Hillary Clinton, entonces secretaria de Defensa. Ella, como Bolton, el propio Donald Trump, su vicepresidente, sus secretarios de Estado y de defensa y sus asesores de Seguridad y para América Latina, están estableciendo una política de degüello cuya ejecución confían a sus vasallos. Ahí están los intentos de asesinato del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahí está la amenaza de Trump de enviarlo a Guantánamo.

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Las reformas políticas del señor Vizcarra

Por Héctor Béjar*

¿Por qué plantear dos cámaras si los peruanos queremos solo una?, ¿Por qué contradecir el referéndum convocado por el mismo gobierno que ahora plantea una propuesta diferente y contradictoria a la explícita voluntad popular manifestada en las urnas?.

Nadie conoce los motivos por los cuales el gobierno pretende una vez más la bicameralidad que ha caracterizado al fracasado y repudiado sistema político de la republica peruana.

Somos un país unitario y descentralizado,. No somos un país federal como los Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros que tienen dos cámaras porque son estados federales.

Si optásemos por dos cámaras, un Senado cumpliría la función de Cámara territorial representando a las regiones, estados o autonomías. Como no tenemos autonomías, el Senado representaría a las regiones, pero eso no se ha planteado. Porque para colmo del disparate, nuestras “regiones” son, en realidad, departamentos. España tiene dos cámaras porque está compuesta de Comunidades Autónomas que nosotros no tenemos.

Francia tiene una sola Asamblea Nacional el Senado cumple una función muy secundaria, sin significación en un régimen presidencial que proviene de la Revolución Francesa, cuando hubo una sola Asamblea y de la tradición napoleónica, que subsistió a través del poder presidencial de Mitterrand y De Gaulle.

Inglaterra tiene dos Cámaras, pero eso se explica porque nunca tuvo una revolución como la francesa y todavía existen lores, señores, los dueños de Inglaterra. ¿Tenemos lores en el Perú?, ¡O quizá algunos pretendan serlo?.

En Europa tienen una sola Cámara Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovaquia y Suecia. China es unicameral. Grandes países de tradición socialista como los de Escandinavia, han optado por una sola cámara.

No aceptemos el gran contrabando que el señor Vizcarra quiere pasarnos bajo la mesa con el pretexto de luchar contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver el bicameralismo con la lucha contra la corrupción?.

A no ser que demos representación a las nacionalidades, a los aimaras en primer lugar; o a las comunidades amazónicas, los sindicatos, las organizaciones reales y actuantes de la sociedad civil y del pueblo que nunca podrán tener representación directa mientras este sistema político, hecho para las minorías ricas y poderosas, se mantenga como está. Y como quieren mantenerlo sus “reformadores”.

Pero esa reforma social, la que necesitamos con urgencia, no está en la mentalidad del señor Vizcarra y sus asesores quienes, al parecer, pretenden ser los lores del bicentenario.

 

* Doctor en Sociología, profesor en la UNMSM y PUCP.

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El informe leído en Chile

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El informe selectivo de Bachelet, tan cerca de Washington y tan lejos de Caracas

Un direccionado y poco balanceado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

La República Bolivariana de Venezuela presentó 70 observaciones al informe difundido luego de la visita al país de la máxima autoridad de esta instancia de la ONU, Michelle Bachelet, semanas atrás y “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe, cuya “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, fue entregada al gobierno.

Ante la revisión, la cancillería venezolana señaló que fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales, además se omitió el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el país. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, indica, fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano.

El informe de ¿Bachelet?

El “informe”, que en partes discrepa con las declaraciones de Bachelet durante su visita del 19 al 21 de junio a Venezuela, advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. Afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición y a quienes critican al Gobierno”.

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos. El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y señala que la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada,  e indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas “arbitrariamente” de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (en desacato), incluido su Presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales. Lo que sorprende del informe es su unilateralidad, ya que admite que se basa en declaraciones de personas entrevistadas y no en una investigación real y exhaustiva de los hechos: “Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes, pero se abstiene de considerar la guerra comunicacional y terrorista de medios locales e trasnacionales. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Pareciera que la única versión debiera ser de la oposición y de los medios cartelizados.

En el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis, pero no lo vincula a la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Las observaciones del gobierno

El gobierno constitucional venezolano señaló que en el informe fueron omitidos los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y se le da más relevancia a las posturas adversas al presidente Nicolás Maduro, y omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y de atención social, tal es el caso de los programas sociales.

Entre las afirmaciones del informe, se asegura que el gobierno venezolano reconoció la “crisis humanitaria”, cuando la realidad es que se reconoció un impacto negativo en la situación venezolano a raíz del bloqueo económico. Asimismo, se omitió el 75% de inversión que recibe el área social venezolana del presupuesto de la nación, información que fue presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educación Aristóbulo Isturiz.

Por otra parte, condena que el informe de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos, en los niveles de vida del pueblo venezolano, aun cuando fue parte importante del discurso de Bachelet durante su visita a Caracas.

En el área comunicacional, el informe hace referencia a múltiples agresiones a la prensa, aún y cuando el Gobierno indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Además omite que se otorgaron 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión entre 2018 y 2019.

Asimismo, Venezuela denunció que en el párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aun cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como en el campo de salud.

Omite además, la información otorgada por el Ministerio Público, donde se conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.

La OACNUDH acusa al Gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia, señalamiento que califica Venezuela como falso porque dejan de mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002.

Añade que el informe no refleja las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública, mortalidad infantil, los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la libertad de prensa que existe en el país y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.

Considera extraño que el informe tampoco evaluó el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y que recomendara al gobierno a adoptar resoluciones para atender la situación de derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos” en Venezuela. Esta recomendación, resulta inaplicable y por tanto equivocada, según el documento oficial, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Luego de la evaluación, el Gobierno venezolano solicitó directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación.

-Victoria Korn es periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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