Golpe de Estado en Brasil: una alianza criminal entre patriarcado y capital

dilma-rousseff-golpePor Amanda Verrone. La propuesta de destitución contra el Gobierno de Dilma Rousseff personifica la histórica persecución hacia las mujeres del campo y de la ciudad y, además, hacia la construcción de un poder popular latinoamericano.

La simbólica fecha del 17 de abril representa, una vez más, un escenario de arduas condiciones para la lucha de la clase trabajadora de todo el mundo. La fecha que simboliza la resistencia del campesinado por el derecho a la tierra, que rememora la masacre que ocurrió en Eldorado dos Carajás en 1997, otra vez queda trágicamente grabada para la historia a través de la aprobación por la Cámara de los Diputados de Brasil del inicio de un proceso de golpe de Estado y ruptura institucional.

Disfrazado de una propuesta de destitución al Gobierno de la presidenta Dilma, el golpe de Estado en marcha implica serios riesgos a la constitucionalidad democrática frágilmente conquistada en los últimos 30 años en Brasil. El golpe representa una violación del principio del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Evidencia la criminalización brutal de la construcción de un proyecto popular en Brasil y de la profundización de la lucha de clases. Un golpe esencialmente machista, capitalista, fundamentalista religioso, prejuicioso, autoritario, latifundista, plutócrata y oligárquico. Un golpe fascista en cada detalle de sus técnicas judiciales, legislativas y mediáticas.

Como sabemos, el proceso de avance latinoamericano en el mundo no pasó indemne ante el imperialismo norteamericano, incompatible con la realización de una América Latina independiente, progresista e integrada. No son recientes los ataques implementados por parte de los medios hegemónicos, aliados con las elites conservadoras y el capital financiero internacional, para impedir la elección de líderes progresistas en América Latina. Ante la imposibilidad de alcanzar su meta, el imperialismo en seguida actuó y sigue actuando cotidianamente para descalificar y derrumbar esa nueva configuración geopolítica de poder.

En Brasil el proyecto de origen trabajador y neodesarrollista, iniciado en 2003, se encuentra seriamente amenazado por la unión jurídica-mediática-parlamentaria. Utilizando una narrativa moral, hipócrita y conservadora, las fuerzas reaccionarias ampliaron su ofensiva con la misma finalidad de siempre: golpear la voluntad popular, destituyendo gobernantes elegidos y sustituyéndolos por vasallos al servicio del gran capital internacional y heteropatriarcal. Y, evidentemente, el patriarcado no se quedó inerte ante la obtención del segundo mandato consecutivo de una mujer, exguerrillera, de origen humilde, gorda, fuera de los patrones impuestos por él mismo, “mameluca” y con restricciones de movilidad.

Sin fundamento jurídico

Entendiendo que el Derecho hegemónico debe ser cuestionado y (re)pensado dentro del marco de la Justicia Social y confluyendo con Kafka cuando cita en su obra ‘Sobre la cuestión de las leyes’ que “nuestras leyes no son conocidas por todos, ellas son un secreto del pequeño grupo de aristócratas que nos dominan”, me baso en los propios mecanismos del Derecho positivo moderno, burgués y heteropatriarcal para demostrar, también jurídicamente, la evidente naturaleza de golpe de Estado en marcha actualmente en Brasil.

Primeramente, la insatisfacción popular reflejada en encuestas o demostradas por manifestaciones en las calles, no representa fundamento jurídico para un proceso de destitución. En Brasil, a diferencia de otros países, no existe un órgano que pueda revocar mandatos en razón de pérdida de credibilidad popular en el gobernante.

En segundo lugar, en un país víctima de la corrupción histórica y estructural, la presidenta Dilma Rousseff no posee ninguna denuncia efectiva de corrupción por la cual esté siendo sometida a cualquier investigación. Además, supuestos hechos ocurridos en su primer mandato o cuando era ministra miembro del Consejo de Administración no pueden fundamentar la destitución en su segundo mandato, conforme el art. 86, § 4º de la Constitución de la República Brasileña.

El argumento central presentado por la oposición del Gobierno y por todos los representantes de la derecha fascista y del capital internacional es que supuestamente Dilma había atrasado, sin autorización del legislativo, la transferencia del dinero de los bancos estatales y federales para el pago de subsidios y beneficios de programas sociales como el seguro de desempleo, el programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, ‘Bolsa Família’ y crédito agrícola a la población brasileña.

Importante destacar que los procedimientos procesales y administrativos fueron cumplidos y los bancos estatales fueron remunerados con interés y correcciones por el retraso en los pagos, o sea, no hubo perjuicios para el Estado brasileño, para los bancos estatales y ni para la población brasileña, lo que justificaría una posibilidad de convalidación de la acusación.

De esa manera, aunque podamos discrepar de la conducta asumida por el Gobierno a nivel de las finanzas públicas, eso no significa que su actuación se pueda perseguir como un crimen de responsabilidad vinculado a un proceso de restitución. Para eso, es indispensable la comprobación de que la conducta de Dilma hubiese sido dolosa grave, con intención de practicar un hecho que configura un delito. Es decir, en ese supuesto caso la presidenta podría ser responsabilizada solamente si se comprueba el dolo gravoso y no solamente la culpa.

En tercer lugar, los crímenes de responsabilidad dispuestos en el art. 85 de la Constitución brasileña deben ser interpretados de forma restrictiva, en conformidad con la tipificación penal, cuando claramente haya violación a la Constitución y no de acuerdo con lo dispuesto en ley de rango menor que el constitucional. Violar una ley presupuestaria no siempre implicará sancionar a una/un presidenta/e a través de su destitución. Además, la responsabilidad fiscal no está por encima de dispositivos constitucionales que defienden la dignidad de la persona humana, la Justicia Social, la reducción de las desigualdades, etc.

La figura de la destitución está prevista en la Constitución para ser utilizada en situaciones muy excepcionales, pero, sin amparo jurídico y sin base legal que lo sustente, además de inconstitucional representa un golpe de Estado.

Dios como coartada

Retomando lo ocurrido el último día 17 de abril, la Constitución brasileña asegura la existencia de un Estado laico. Entre tanto y de manera reiterada, durante la votación en la Cámara, Dios y Cristo fueron mencionados como coartadas para la justificación de la apertura del proceso de destitución y para el combate de un “espectro comunista” que se supone que hay en Brasil.

El desarrollo de una “ideología de género” también fue mencionado por representantes de la derecha fascista como razón para que se retirase el Partido de los Trabajadores del poder, en referencia a la tentativa de llevar a las escuelas discusiones más amplias sobre cuestiones relacionadas a las múltiples orientaciones sexuales e identidades de género. Algunos parlamentarios también recordaron con nostalgia la dictadura militar brasileña y hubo quienes hicieron referencia, entre sonrisas de escarnio, a uno de los militares responsables de la tortura aplicada a muchas mujeres, incluso a la actual presidenta Dilma.

Lo que no puede ser ignorado, por lo tanto, es todo el aparato machista, misógino y heteronormativo que ampara y justifica la actual tentativa de golpe de Estado en marcha en Brasil. Las elites tradicionales no se conforman con la política de valoración de los derechos sociales. Y el patriarcado, como de costumbre, es la fuerza violenta y torturadora que garantiza la hegemonía masculina como status quo político, económico y social.

El golpe de Estado en contra del Gobierno de Dilma y en contra del Estado Democrático de Derecho en Brasil, personifica la histórica persecución hacia las mujeres del campo y de la ciudad, (…) y, además, hacia la construcción de un poder popular latinoamericano. Impedir que la primera mujer elegida democráticamente presidenta en Brasil pueda cumplir su mandato, a través de una hermenéutica jurídica interesadamente alargada y que traspasa, incluso, los límites del derecho positivo constitucional brasileño, es un ataque que todas debemos repudiar.

Necesitamos luchar por un Estado que garantice atender a las condiciones básicas de (re)producción de la clase trabajadora y no un Estado aristocrático que beneficia hombres, cisgénero, blancos, “padres de familia” y magistrados. Tampoco podemos aceptar un Estado policial y punitivo que extermina la juventud pobre y negra todos los días.

Nosotras, mujeres de todo el mundo, asumimos el desafío histórico de defender la democracia brasileña por entender que es solamente en la democracia donde las mujeres podemos avanzar en la conquista de nuestros derechos, combatiendo el conservadurismo, el machismo y la misoginia heteropatriarcales.

Aunque podamos presentar numerosas críticas en relación a las estrategias asumidas por el Gobierno de Dilma, acreditamos que no será apoyando la tentativa golpista y fascista como avanzaremos en nuestra lucha por la emancipación. Expulsar a Dilma del poder no conlleva acabar con la corrupción histórica y con la supremacía neoliberal de desarrollo político y económico. Solamente una reforma política es capaz de eso, pero ni los grandes medios de comunicación y tampoco la derecha están interesados en ella.

Por lo tanto, nosotras, mujeres trabajadoras de todo el mundo, seguiremos movilizadas y enfrentando el machismo y el fascismo estructurales que imperan en el modelo de (re)producción hegemónico contemporáneo. Y en la coyuntura actual no hay nada más feminista que defender la democracia brasileña.

Juntas somos más fuertes. ¡Misóginos no pasarán, fascistas no volverán! Não vai ter golpe, vai ter luta! Gora borroka feminista! ¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

(Tomado de PensandoAméricas)

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Categorías: Paz, Polìtica | Etiquetas: | Deja un comentario

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