La #UNASUR en defensa de la soberanía brasileña y la integración suramericana

0fece044333cc3d3a8361d8ac48f84fd_articlePor Roger Landa. En cualquier caso, la estrategia diplomática para apoyar al Brasil debe estar dirigida por los países del ALBA que hacen vida en UNASUR: Venezuela, Bolivia y Ecuador, cada uno dentro de su radio de influencia y movilidad diplomática, ello como manera de lograr el consenso necesario que permita tomar medidas concretas en favor del orden constitucional brasileño para frenar (y no sólo denunciar) el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. UNASUR debe ir a la defensa de Brasil.

Ante el intento de golpe de Estado iniciado por un cuerpo policial local en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, que puso en peligro la vida del presidente Rafael Correa y buscó romper el hilo constitucional de ese país, la actuación de la UNASUR fue contundente al garantizar la estabilidad de la región mediante el derecho internacional y la legitimidad otorgada al organismo desde nuestros pueblos. La rápida movilización de los presidentes suramericanos en respaldo a la institucionalidad ecuatoriana fortaleció la UNASUR puesto que representó uno de los frenos al mencionado golpe.

Ahora, ante el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, disfrazado de “juicio político”, la UNASUR pudiese volver a desempeñar un papel fundamental para mantener la estabilidad política en la región. Para ello, deberá apoyarse en sus mecanismos legales y en la correlación de fuerzas a lo interno del organismo multilateral.

Para 2010 la UNASUR únicamente contaba con el Tratado Constitutivo. La experiencia ecuatoriana convenció a los países miembros de la necesidad de fortalecer el compromiso democrático, por lo que, luego de la Declaración de Buenos Aires en defensa de Ecuador (http://goo.gl/8yDhwj), se propuso la creación una clausula adicional de compromiso de todos los países con el hilo constitucional particular de cada uno. Nace así el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia (http://goo.gl/AWQWDl). El Protocolo entra en vigencia en marzo de 2014, siendo Colombia el último país en firmarlo.

En cuando a su ámbito de aplicación, en su primer artículo el Protocolo reza textualmente:

El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos

La convocatoria para evaluar una situación de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, según los artículos 2 y 6, puede recaer en la presidencia pro-tempore, en un Estado afectado u otro Estado miembro de la UNASUR. En cuanto a las medidas que se pueden tomar ante la situaciones objeto del Protocolo, pueden ir desde la suspensión del país afectado del organismo, promover ante terceros países o bloques multilaterales medidas diplomáticas, hasta el cierre de fronteras y aislamiento diplomático, comunicacional, energético y comercial por parte de los países de la UNASUR.

De juris el compromiso firmado por lo países da la potestad de aplicar la clausula democrática en Brasil. La puesta en marcha de este mecanismo antes que se concrete el golpe es fundamental, puesto que la novedad de la UNASUR radica en que (como lo ha señalado reiteradamente Judith Valencia) coloca en primer orden el respeto irrestricto a la soberanía, es decir, tiene validez jurídica y legitimidad política antes de que se produzca algún acontecimiento que afecte la soberanía nacional y el ejercicio constitucional del poder.

Mediante la potestad que establece el artículo 6 del Protocolo, la presidenta Dilma Rousseff podría convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno o del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para así dar información clara y solicitar acciones concertadas de la UNASUR frente a la situación de golpe. Como lo mencionó la misma presidenta Rousseff en una reciente rueda de prensa (https://goo.gl/uls8Uy), pese a que el “impeachment” es legal y constitucional, el proceso en su contra no reúne las suficientes pruebas legales que posibiliten su aplicación; es decir, la solicitud de juicio, en este caso, es inconstitucional e ilegal. Además, el juicio desconoce la legitimidad constituyente del pueblo brasileño que eligió soberanamente a Rousseff como su presidenta. Demostrar ante la UNASUR esta irregularidad legal y este desconocimiento de la soberanía popular, es el mecanismo jurídico que permitiría una participación del organismo multilateral favorable al orden institucional en Brasil. Dicho sea de paso que la conducta ética (por tanto política) de 36 de los 38 diputados que votaron a favor de la apertura del juicio político contra la presidenta Dilma está empantanada por delitos de corrupción (http://goo.gl/wYwFlr).

La legalidad jurídica internacional y la legitimidad política están a favor de una intervención positiva de la UNASUR para el mantenimiento del orden democrático en Brasil. La dificultad en este caso (a diferencia del caso ecuatoriano en 2010) está en la correlación de fuerzas a lo interno del organismo (cuyas decisiones se toman por consenso), así como en las capacidades diplomáticas de Brasil y sus aliados más cercanos en la región.

En principio y a simple vista, la correlación de fuerzas dentro de la UNASUR pareciera estar 50-50. Colombia, Perú, Guyana, Paraguay y Argentina, estarían alineados a la “derecha”; mientras que Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil y Uruguay estarían alineados a la “izquierda”. Por la trayectoria en la última década y los actuales presidentes y presidentas de los Estados suramericanos, no pareciera factible que alguno de estos países se mantenga en una alineación distinta. Sin embargo, existen bemoles. Por ejemplo, la política exterior de Uruguay no necesariamente estará alineada al movimiento progresista de la región sin mayor reserva tal y como lo han reconocido funcionarios del gobierno venezolano, quienes han señalado la ambigüedad de la cancillería de ese país ante la transferencia de la presidencia pro-tempore del Mercosur a manos de Venezuela. Asimismo, Colombia, cuya actual dirigencia (al menos en el ejecutivo) está comprometida con los diálogos de paz que se avanzan en la Habana, podría ceder en espacios diplomáticos ante la necesidad de mantener la estabilidad de Brasil como garantía de la estabilidad de la región y, por causalidad, de la relativa estabilidad en Colombia para seguir avanzando en los diálogos de paz.

Los casos de Chile y Surinam de entrada no pueden calificarse dentro de una alineación determinada. El primero, por su ambigüedad ideológica e intereses internacionales cambiantes, la filiación económica con la Alianza del Pacífico y el TLC con Estados Unidos, así como por la cercanía aparente de Michelle Bachelete a posiciones más progresistas, al menos en el plano regional; esto conlleva a la necesidad de un trabajo diplomático sobre Chile para atraerlo a la esfera progresista. Surinam, por ser un país pequeño, se encuentra bajo la influencia directa de los demás Estados, sobre todo de Brasil y Venezuela, además, por la trayectoria del actual presidente, Dési Bouterse, podríamos proyectar que se alinearía en el bloque progresista.

Argentina es la punta de lanza de la restauración conservadora y para poder presionarla, los países progresistas deberán mantener en su línea al Uruguay y buscar la manera de deslindar al Paraguay de la órbita Argentina. Tarea titánica vista la filiación fascista del actual presidente del Paraguay, Horacio Cartes; sin embargo, Uruguay y Brasil podrían lograr una victoria diplomática en este terreno si utilizan las estrategias adecuadas. El litigio fronterizo de Guyana con Venezuela y la intransigencia del presidente David Granger (peón del imperialismo contra el movimiento bolivariano), podría ser un arma de doble filo que, bien utilizada, lograría presionar a este último país a favor de los intereses progresistas de la región. El Perú tiene intereses pragmáticos siempre ligados a los designios del imperialismo; sin embargo, si se logra atraer a Colombia a la alineación progresista, tendrá que decidir entre ir tras Argentina o ceder ante la coalición progresista más los aliados circunstanciales.

En cualquier caso, la estrategia diplomática para apoyar al Brasil debe estar dirigida por los países del ALBA que hacen vida en UNASUR: Venezuela, Bolivia y Ecuador, cada uno dentro de su radio de influencia y movilidad diplomática, ello como manera de lograr el consenso necesario que permita tomar medidas concretas en favor del orden constitucional brasileño para frenar (y no sólo denunciar) el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. UNASUR debe ir a la defensa de Brasil.

(tomado de PensandoAméricas)

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