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Las reformas políticas del señor Vizcarra

Por Héctor Béjar*

¿Por qué plantear dos cámaras si los peruanos queremos solo una?, ¿Por qué contradecir el referéndum convocado por el mismo gobierno que ahora plantea una propuesta diferente y contradictoria a la explícita voluntad popular manifestada en las urnas?.

Nadie conoce los motivos por los cuales el gobierno pretende una vez más la bicameralidad que ha caracterizado al fracasado y repudiado sistema político de la republica peruana.

Somos un país unitario y descentralizado,. No somos un país federal como los Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros que tienen dos cámaras porque son estados federales.

Si optásemos por dos cámaras, un Senado cumpliría la función de Cámara territorial representando a las regiones, estados o autonomías. Como no tenemos autonomías, el Senado representaría a las regiones, pero eso no se ha planteado. Porque para colmo del disparate, nuestras “regiones” son, en realidad, departamentos. España tiene dos cámaras porque está compuesta de Comunidades Autónomas que nosotros no tenemos.

Francia tiene una sola Asamblea Nacional el Senado cumple una función muy secundaria, sin significación en un régimen presidencial que proviene de la Revolución Francesa, cuando hubo una sola Asamblea y de la tradición napoleónica, que subsistió a través del poder presidencial de Mitterrand y De Gaulle.

Inglaterra tiene dos Cámaras, pero eso se explica porque nunca tuvo una revolución como la francesa y todavía existen lores, señores, los dueños de Inglaterra. ¿Tenemos lores en el Perú?, ¡O quizá algunos pretendan serlo?.

En Europa tienen una sola Cámara Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovaquia y Suecia. China es unicameral. Grandes países de tradición socialista como los de Escandinavia, han optado por una sola cámara.

No aceptemos el gran contrabando que el señor Vizcarra quiere pasarnos bajo la mesa con el pretexto de luchar contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver el bicameralismo con la lucha contra la corrupción?.

A no ser que demos representación a las nacionalidades, a los aimaras en primer lugar; o a las comunidades amazónicas, los sindicatos, las organizaciones reales y actuantes de la sociedad civil y del pueblo que nunca podrán tener representación directa mientras este sistema político, hecho para las minorías ricas y poderosas, se mantenga como está. Y como quieren mantenerlo sus “reformadores”.

Pero esa reforma social, la que necesitamos con urgencia, no está en la mentalidad del señor Vizcarra y sus asesores quienes, al parecer, pretenden ser los lores del bicentenario.

 

* Doctor en Sociología, profesor en la UNMSM y PUCP.

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El informe leído en Chile

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El informe selectivo de Bachelet, tan cerca de Washington y tan lejos de Caracas

Un direccionado y poco balanceado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

La República Bolivariana de Venezuela presentó 70 observaciones al informe difundido luego de la visita al país de la máxima autoridad de esta instancia de la ONU, Michelle Bachelet, semanas atrás y “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe, cuya “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, fue entregada al gobierno.

Ante la revisión, la cancillería venezolana señaló que fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales, además se omitió el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el país. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, indica, fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano.

El informe de ¿Bachelet?

El “informe”, que en partes discrepa con las declaraciones de Bachelet durante su visita del 19 al 21 de junio a Venezuela, advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. Afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición y a quienes critican al Gobierno”.

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos. El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y señala que la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada,  e indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas “arbitrariamente” de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (en desacato), incluido su Presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales. Lo que sorprende del informe es su unilateralidad, ya que admite que se basa en declaraciones de personas entrevistadas y no en una investigación real y exhaustiva de los hechos: “Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes, pero se abstiene de considerar la guerra comunicacional y terrorista de medios locales e trasnacionales. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Pareciera que la única versión debiera ser de la oposición y de los medios cartelizados.

En el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis, pero no lo vincula a la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Las observaciones del gobierno

El gobierno constitucional venezolano señaló que en el informe fueron omitidos los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y se le da más relevancia a las posturas adversas al presidente Nicolás Maduro, y omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y de atención social, tal es el caso de los programas sociales.

Entre las afirmaciones del informe, se asegura que el gobierno venezolano reconoció la “crisis humanitaria”, cuando la realidad es que se reconoció un impacto negativo en la situación venezolano a raíz del bloqueo económico. Asimismo, se omitió el 75% de inversión que recibe el área social venezolana del presupuesto de la nación, información que fue presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educación Aristóbulo Isturiz.

Por otra parte, condena que el informe de la Alta Comisionada omite incluir el impacto generado por el bloqueo económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos, en los niveles de vida del pueblo venezolano, aun cuando fue parte importante del discurso de Bachelet durante su visita a Caracas.

En el área comunicacional, el informe hace referencia a múltiples agresiones a la prensa, aún y cuando el Gobierno indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Además omite que se otorgaron 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión entre 2018 y 2019.

Asimismo, Venezuela denunció que en el párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aun cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como en el campo de salud.

Omite además, la información otorgada por el Ministerio Público, donde se conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.

La OACNUDH acusa al Gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia, señalamiento que califica Venezuela como falso porque dejan de mencionar las diversas acciones de violencia y contra la Constitución emprendidas por sectores de la oposición venezolana desde el año 2002.

Añade que el informe no refleja las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública, mortalidad infantil, los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la libertad de prensa que existe en el país y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.

Considera extraño que el informe tampoco evaluó el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y que recomendara al gobierno a adoptar resoluciones para atender la situación de derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos” en Venezuela. Esta recomendación, resulta inaplicable y por tanto equivocada, según el documento oficial, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Luego de la evaluación, el Gobierno venezolano solicitó directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación.

-Victoria Korn es periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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BRASIL. ITAMARATY EN PELIGRO

 Por Gustavo Espinoza M.

Los que conocen Brasilia, la bellísima y moderna capital brasileña, cuentan que el Palacio Itamaraty –o Palacio dos Arcos)  es considerado la obra maestra  de Oscar Niemeyer, el arquitecto comunista con quien tuve el privilegio de conocer personalmente, en el edificio Rio Branco de la capital carioca, el 21 de octubre de 1961. Él fue el que ideó, diseñó y construyó esa maravillosa ciudad brasileña perdida en  la  extensa sabana de Estado de Goiais, donde ahora  vive a sus anchas, y gobierna, Jair Bolsonaro, uno de los más incultos mandatarios de América..

En realidad, se trata de una construcción monumental, integrada por tres edificios, el Palacio y sus dos anexos; y fue inaugurado hace casi 50 años, el 20 de abril de 1970 por el entonces Jefe de Estado brasileño, el general Emilio Gasrrastazú Médici en los que podría denominarse los “años de gloria” de la dictadura brasileña instaurada en marzo de  1964.

En verdad, el edificio de Brasilia heredó su título del antiguo Palacio de Itamaraty, que aún funciona en Rio de Janeiro; y que fuera sede del gobierno republicano del Brasil en la última década del siglo XIX. Hoy ese edificio sigue siendo  un centro turístico, y una importante dependencia del Estado en  el sector de Relaciones Exteriores. El traslado de la capital al interior, ocurrido en 1960, no varió la denominación  de la sede de la Cancillería brasileña, que conservó no sólo el nombre, sino también  el prestigio de su servicio diplomático.

Todo esto –lleno de historia y de leyenda- pareciera ahora, estar en peligro. Y es que ocurre que al hoy titular del  portafolio,  el pomposo Ernesto Herrique Fraga Araujo, le ha picado el mosquito del servilismo, y le ha dado por arrodillarse sin tapujos ante la administración yanqui;  haciendo insólitos méritos ante la Casa Blanca

El bien aventurado caballero, conocido como uno de los más conservadores especímenes del oscuro Gabinete en funciones, -distinguido profesor de lingüística y literatura- tiene ideas locas: piensa, por ejemplo,  que el cambio climático, no existe, que es apenas,  un invento y un dogma creado artificialmente por una conspiración del “marxismo cultural” en boga y que no tiene más propósito incentivar el poderío de  China en el mundo. Sostiene, además, la importancia de desplegar una guerra abierta contra los homosexuales, las carnes rojas y el petróleo, a los que juzga algo así como los culpables del atraso del Brasil en el mundo de nuestro tiempo incluidos sus debacles, registradas en el futbol recientemente.

Pues bien, este mismo pintoresco Canciller, ha tenido la desfachatez de cursar una “ordenanza” dirigida a las embajadas de Brasil en el mundo, conminándolas a unirse a los Estados Unidos, y condenar al alimón con ese país,  “el apoyo militar y la inteligencia ofrecida por La Habana a la sustentación de Nicolás Maduro·” como Presidente en el gobierno Bolivariano de Venezuela.

Pareciera que, como los yanquis han llegado finalmente a la conclusión que no podrán echar del Palacio de Miraflores al sucesor de Hugo Chávez, luce indispensable impulsar contra él  una suerte de ofensiva global  considerando lo que, según Araujo, sería un inmenso e imperdonable delito:  ser  “aliado de Cuba”

Este Canciller instruye a sus embajadores para que se pongan en contacto con los gobiernos ante los que estén acreditados, para informarles que Maduro “recibe protección  directa  de consejeros militares y de servicios de inteligencia cubanos en varios niveles” Y asegura luego estar persuadido que “una campaña internacional de presión diplomática sobre Cuba, podrá contribuir al cese de la ayuda de La Habana”.

También sostiene que los embajadores del Brasil deberán instar a las autoridades extranjeras a ·”condenar con vehemencia el protagonismo de Cuba en la prolongación de la crisis venezolana” y añade que la  “condena” a esa ayuda, “deberá hacerse por medio de declaraciones en foros regionales y multilaterales e incluso en tratativas directas con el gobierno de Cuba.”. Como si esto fuera poco, en el  punto final de su “nota instructiva”,  este casi improvisado diplomático señala que sus embajadores deberán cumplir sus instrucciones nada menos que  “en coordinación con la embajada de los Estados Unidos en cada capital”.

En otras palaras, el sorprendente inquilino transitorio de Itamaraty pretende que Brasil abandone la neutralidad –carta básica de su política exterior-  y se sume a las demandas de Washington, que nos habla de La Habana, Caracas y Managua como los integrantes de un supuesto “·eje del mal”, que debe ser erradicado por la fuerza.

La misiva cursada por este Araujo a los embajadores brasileños en distintos países, ha causado, por cierto, mucho revuelo y gran alarma incluso entre los destinatarios de la carta. En primer lugar, porque sale largamente de los límites usados antes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil; incluso en las peores épocas del gobierno militar, cuando el escuadrón  “Teseo” brillaba en todo su esplendor y Dilma Rousseff era salvajemente torturada por los esbirros de la dictada castrense en la Patria de Castro Alves, el Cantor de los Esclavos, como lo bautizara Jorge Amado.1.

El documento de Araujo es  burdo. Tanto, que los embajadores brasileños en distintos países han mostrado su contrariedad por la nota y han puesto en tela de juicio su origen. Algunos sostienen incluso, que su fuente original no sería el Palacio de Itamaraty, sino quizá la oficina parlamentaria del diputado  Eduardo Bolsonaro, el hijo del Presidente; o Tal vez la oficina de Olavo de Carvalho, “consejero presidencial en materia de política exterior”; o más precisamente de Langley, Virginia, donde funciona la oficina principal de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la tenebrosa CIA.

Cualquiera sea el origen de la circular de Araujo, ella sienta un precedente en extremo peligroso: Ni Independencia, ni Soberanía; ni política propia, ni decisiones nacionales. Sometimiento al dictado del Imperio y servilismo inagotable. ¿A eso se marcha el Brasil de hoy?

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Alan García nunca será absuelto por la historia

Por Gustavo Espinoza M.

El suicidio de Alan García –y en particular las circunstancias que rodearon el hecho- no sólo conmocionó al país sino que, adicionalmente, dividió aun más a los peruanos y generó un debate que recién se inicia y que tiene que ver con las causas del acontecimiento pero también con el personaje que lo consumó, con las acciones que lo indujeron a hacerlo y hasta con el imperio de la justicia en un país como el nuestro, convulsionado por el accionar de mafias, que ha colocado al Perú virtualmente al borde de un acantilado.

El suicidio, dicen los especialistas, es el acto por el que una persona, de forma deliberada, se provoca la muerte; y suele ser el resultado de una desesperación incontenible derivada de una dolorosa e incurable enfermedad física; de una dolencia mental -depresión, trastorno bipolar o esquizofrenias; o la incidencia del alcohol o el abuso de sustancias toxicas. A menudo ocurre que unos factores se suman a otros, de tal modo que el cuadro del suicidio se torna más complejo.

El uso de armas de fuego –como forma de actuar del suicida-, suele ser en nuestro tiempo la causa principal de estas muertes que se calculan en algo más de 900 mil, en un solo año en el mundo.

Los historiadores recuerdan que el primer suicidio conocido que se registra, tuvo lugar 600 años antes de nuestra era. Periandro uno de los 7 Sabios de Grecia y además Tirano de Corinto; se quitó la vida de un modo peculiar arrastrando en su suerte a otros.

En la antigua Grecia., quitarse la vida era considerado un error irreparable y, por tanto, rechazado-. Platón, sin embargo estableció “excepciones”: El que la muerte, fuese impuesta por el Estado; que derivara de una enfermedad mortal; o que fuere resultado de una desgracia insuperable que rebasara la resistencia emocional del afectado. A esta tercera excepción, podría haber acogido García quien, de alguna manera, se despidió de todos en la rueda de prensa que ofreciera en la víspera.

Todos estos elementos, nos dan aliento suficiente para juzgar el hecho ocurrido el pasado 17 de abril en circunstancia en la que el ex Presidente resistió -a su manera- la orden de captura dictada por el Poder Judicial para el cumplimiento de una prisión preventiva, habida cuenta de la naturaleza de los delitos que se le incriminaban y que eran sustantivamente semejantes a los que habían llevado tras las rejas a variaos de sus colaboradores.

Pero ellos también sirven para desorientar y confundir a personas de buena fe que, sin los antecedentes del caso, y llevados tan sólo por elementos subjetivos; pueden ser susceptibles de engaño. Nadie en su sano juicio, podría decir que Alan García fue víctima de una persecución. Ni que los cargos enarbolados por la justicia contra él, fueran motivados por razones de orden político,

Por el contrario, su detención era esperada hacía mucho tiempo y más bien la ciudadanía se preguntaba por qué ella no ocurría, existiendo poderosos elementos de juicio en su contra. Por lo demás los cargos levantados no tenían ninguna connotación ideológica ni política. Se trataba de acusaciones puntuales derivadas de su propia gestión gubernativa, del uso de fondos del Estado y de recepción de dineros del exterior obtenido en forma dolosa e ilegal.

En el fondo, eran acusaciones en buena medida similares –aunque bastante más graves- que las que llevaron a prisión a Ollanta Humala durante nueve meses; que mantienen tras las rejas a Keiko Fujimori desde diciembre pasado; y que han dado lugar hace apenas unos días a la captura de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano electo el 2016.

Bien podría decirse que tres razones empujaron a García a asumir la acción que lo condujo a la muerte. La certeza de la autenticidad de las acusaciones en su contra y la seguridad que en cada caso existían pruebas incontestables; la presencia en su mente de los trágicos hechos que protagonizara en el pasado y que costaran la vida de tantos peruanos –Desde los Penales hasta Bagua, pasando por Accomarca, Llocllapampa, Parcco Alto, Puccas, Pomatambo, Cayara, Santa Rosa, Los Molinos y otros- y el temor a verse recluido en un prisión, él, que jamás había pisado una cárcel en condición de reo.

Sería por eso un grave error de percepción el considerar que las circunstancias de su muerte, borren la responsabilidad de sus acciones. Independientemente del hecho ocurrido, tanto los delitos cometidos en el área de pertinente; como los crímenes consumados contra centenares de ciudadanos; siguen en pie. No han dejado de existir.

En la historia reciente hemos conocido diversos casos de Suicidio. Quizá si el más llamativo haya sido el de Adolfo Hitler. El jerarca Nazi se pegó un tiro para no caer en manos de las tropas soviéticas que llegaron a las puertas de su Bunker en Berlín en los primeros días de mayo de 1945.

Su luctuosa muerte, no lo convirtió en héroe, ni borró sus alevosos crímenes. Para el mundo, Hitler siguió siendo uno de lo más grandes criminales de la historia humana. Y su muerte, fue atribuida a la cobardía que lo atenazó cuando supo que tendría que dar cuenta de sus actos.

En otra dimensión, por cierto, aquí ocurre lo mismo. Alan García nunca será absuelto por la historia.

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El sospechoso viaje de Pompeo

Por Manuel Cabieses Donoso

Mike Pompeo, que efectuará una gira de 72 horas por Chile, Perú, Paraguay y Colombia, tiene nombre de mafioso. Y es mafioso aunque más peligroso que los de antaño.

El poder de la mafia es hoy infinitamente superior al que en su época tuvieron las “familias” Genovese, Gambino o Luciano. La mafia sofisticó sus métodos y amplió sus intereses. No solo controla la droga, la prostitución, el juego, el tráfico de armas y la trata de personas. Hincó también sus dientes en la política e hizo suyas las instituciones civiles y militares, las iglesias, los medios de comunicación, la industria y las finanzas de EE.UU. Su estado mayor abandonó Chicago y se aposentó en la Casa Blanca de Washington.

Mike Pompeo es uno de los pistoleros de la Familia Trump con otros gángster como Mike Pence, John Bolton, Elliot Abrams y Marco Rubio cuyas brutalidades marcan a fuego la decadencia del imperio.

¿Cuál es el motivo del viaje de Pompeo? No se diga que discutir las políticas del Departamento de Estado con gobiernos peso pluma en el plano internacional. Entretanto en el mundo arde la guerra civil en Libia, Corea del Norte incrementa su armamento nuclear, la OTAN teme un conflicto con Rusia, China no afloja en la guerra comercial, la ola migratoria de los desesperados de África se vuelca sobre Europa y miles de infelices centroamericanos se agolpan a las puertas de la frontera de EE.UU.

No se diga tampoco que Pompeo necesita alinear gobiernos reacios con las políticas de EE.UU. Los de Chile, Paraguay, Perú y Colombia han dado suficientes pruebas de docilidad perruna con la voz del amo. Son los fundadores del Grupo de Lima que desde 2017 intenta socavar la estabilidad del gobierno de Venezuela.

Entonces, ¿a qué se debe la sospechosa gira que Pompeo inicia en Santiago?

El perfil de este mafioso es más siniestro de lo que aparenta a simple vista.

Su desempeño como congresista estuvo marcado por los escándalos del financiamiento de sus campañas. El 2016 la Familia Trump lo designó director de la CIA. En ese cargo defendió el espionaje que la Agencia practica a nivel mundial y proclamó una acción “implacable” contra toda amenaza a la seguridad de EE.UU.

Tal argumento –una presunta amenaza a la seguridad nacional- utiliza la mafia para encubrir su embestida contra Venezuela. Es el manto que cubre el verdadero objetivo de la Familia Trump: apoderarse de las fabulosas reservas de petróleo, gas, oro, hierro, níquel, diamantes, coltán, etc., que atesora el suelo venezolano.

Los gobiernos suramericanos que visitará Pompeo lo saben. No son cándidas palomas sino cómplices conscientes del holocausto que EE.UU. intenta consumar en Venezuela para derrocar a su legítimo gobierno.

Tampoco Pompeo necesita dejar instrucciones al Grupo de Lima que el 15 de abril se reúne en Chile. Ese grupo –que va camino de convertirse en grupúsculo- sabe lo que tiene que hacer en su su miserable papel de Caín.

Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la gira express de Pompeo?

Algo huele mal en este asunto. Hay algo oculto que sin duda tiene que ver con Venezuela que es la obsesión de la mafia.

Su marioneta en Caracas, Juan Guaidó, va a cumplir 90 días de “presidente encargado” y aún no controla ninguna institución del estado. Más bien se está desinflando. Sus convocatorias son cada vez más escuálidas y en cambio se mantienen en alza y vigorosas las movilizaciones y la organización del pueblo revolucionario.

En el plano internacional se han estancado los reconocimientos a Guaidó. La mafia le ha conseguido el apoyo de 54 gobiernos… pero los miembros de la ONU son 193.

Pedalear en el vacío sin avanzar un centímetro y desafiado por el coraje de un pueblo, debe ser abrumador para la primera potencia mundial. EE.UU. ha violado todas las leyes internacionales y jugado todas las cartas posibles para derrocar al presidente Maduro y no puede conseguirlo.

Entonces, ¿qué nueva operación mafiosa se está tramando contra la revolución bolivariana que obliga a Pompeo dejar el teléfono y tomar el avión?

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Los altos del Golán y el derecho internacional

Por Nicolás Boeglin

Para muchos, este gesto de Estados Unidos hacia Israel constituye una verdadera afrenta al derecho internacional contemporáneo, amenazando una de las bases fundacionales del ordenamiento jurídico internacional desde 1945.

Una fecha estratégicamente escogida para un primer anuncio

Cabe recordar que el anuncio se había dado unos pocos días antes, el 21 de marzo (véase nota de CNN del 21/03/2019): es decir, 24 horas antes de un esperado voto en Ginebra en el que el Consejo de Derechos Humanos adoptaría y acogería las recomendaciones de un voluminoso informe sobre las exacciones israelíes cometidas durante las manifestaciones en Palestina del 2018 (véase breve nota nuestra al respecto que incluye el tablero de votación).

Es también de notar que esta declaración norteamericana se da a pocas semanas de las elecciones en Israel (previstas para este próximo 9 de abril) en las que el actual Primer Ministro israelí pretende obtener nuevamente el apoyo mayoritario del electorado.

El irrespeto al derecho internacional por parte de Estados Unidos y de Israel 

El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán supone una violación a una regla básica del derecho internacional, expresada por ejemplo en la resolución 497 del mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptada en 1981 de manera unánime (véase texto): la adquisición de una porción de territorio mediante el uso de la fuerza es inadmisible, y ello desde que la Carta de Naciones Unidas se suscribió en 1945.

Algunas manifestaciones de repudio a la decisión de Estados Unidos

Entre los diferentes Estados que se expresaron el mismo día en que se difundió la declaración norteamericana, podemos citar el comunicado oficial circulado por España, titulado “Posición española sobre los Altos del Golán” y que se lee así (véase enlace oficial):

25/03/2019 “El Gobierno de España desea reiterar su posición sobre los Altos del Golán, que coincide con la recogida en diversas resoluciones de Naciones Unidas. La adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible con arreglo a la Carta de Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional. Por tanto, España no reconoce la soberanía de Israel sobre dichos territorios.

Por su parte, Ecuador circuló el siguiente comunicado de prensa el 28 de marzo, señalando (véase enlace oficial) que:

El Ecuador, con base en sus principios de respeto al Derecho Internacional, reconoce la plena vigencia de las resoluciones 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 22 de noviembre de 1967, que considera a los Altos del Golán ¨ territorio ocupado por Israel¨ y la resolución 497, de 17 de diciembre de 1981, que tras la anexión de facto de los Altos del Golán por Israel, resolvió por unanimidad que: “la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional”, a la vez que demandó a Israel revocar su decisión. En este sentido, cualquier decisión unilateral contraria a las referidas resoluciones del Consejo de Seguridad, agudiza las tensiones y no contribuye a la paz y la estabilidad en Medio Oriente. En relación a los fundamentos expuestos, el Ecuador, de acuerdo a su histórica posición, hace un llamado al diálogo, al respeto del multilateralismo y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema, así como a la convivencia pacífica y a la concertación. A su vez, exhorta a la comunidad internacional a buscar una solución definitiva, pacífica y justa respecto este delicado tema, sobre la base de las normas del derecho internacional y en los principios de la vida civilizada entre los pueblos del mundo“.

Como bien es sabido, los altos del Golán forman parte de Siria, y están ocupados militarmente por Israel desde 1967: se trata de una zona de unos 1.500 kilómetros cuadrados (estando 1.200 bajo ocupación israelí y, desde 1974, unos 235 bajo el control de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación – UNDOF – mayoritariamente compuesta por soldados nepalíes y de Islas Fidji – véase sitio oficial de la UNDOF).

Una condena generalizada a la pretensión israelí sobre los altos del Golán

Varias resoluciones de diversos órganos de Naciones Unidas rechazan expresamente la pretensión israelí de considerar los altos del Golán que ocupa como parte de su territorio. Varios informes han detallado la política de asentamientos ilegales israelíes (véase por ejemplo informe del Secretario General de Naciones Unidas del 2016 titulado “Israelí settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan“). En su informe para el 2018, distribuido a la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre del 2018, se lee por parte del Secretario General que:

59. Illegal settlement expansion and land appropriation by the Government of Israel in the occupied Syrian Golan continued during the reporting period, in violation of the obligations of Israel under international law. The Secretary-General reaffirms the continuing validity of Security Council resolution 497 (1981), in which the Council decided that the Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration in the occupied Syrian Golan Heights was null and void and without international legal effect (A/71/355, para. 66)

De igual forma, varias resoluciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han condenado estos asentamientos israelíes en esta precisa zona: véase, por ejemplo, texto de la resolución 37/33 adoptada en febrero del 2018 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (con 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones).

En diciembre del 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/73/100, titulada “The Occupied Syrian Golan” (véase texto completo) con una abrumadora mayoría. En esta resolución, la Asamblea General:

1. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que acate las resoluciones relativas al Golán sirio ocupado, en particular la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo, entre otras cosas, determinó que la decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al Golán sirio ocupado era nula y sin valor y no tenía efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional y exigió que Israel, la Potencia ocupante, revocase su decisión de inmediato;

2. Exhorta también a Israel a que desista de alterar el carácter físico, la composición demográfica, la estructura institucional y la condición jurídica del Golán sirio ocupado y, en particular, a que desista de establecer asentamientos;

3. Determina que todas las medidas y disposiciones legislativas y administrativas que Israel, la Potencia ocupante, haya tomado o tome en el futuro y que tengan por objeto alterar el carácter y la condición jurídica del Golán sirio ocupado son nulas y sin valor, constituyen una violación manifiesta del derecho internacional y del Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 19493 , y no tienen efecto jurídico alguno;

4. Exhorta a Israel a que desista de imponer la ciudadanía israelí y tarjetas de identidad israelíes a los ciudadanos sirios del Golán sirio ocupado, y a que desista de adoptar medidas represivas contra la población del Golán sirio ocupado; 

Esta resolución de la Asamblea General se adoptó en diciembre del 2018 con 149 votos a favor, 2 en contra (Israel y Estados Unidos) y 22 abstenciones (entre las cuales se registran, en el hemisferio americano, a Canadá, Guatemala, Haití, Honduras, México y Panamá). En el 2017, un texto similar (véase resolución A/RES/72/88) recogió los dos mismos votos en contra, 151 a favor y 20 abstenciones. En el 2016, la oposición al texto se redujo a un solo voto en contra (Israel), mientras Estados Unidos optó por registrar su voto con las demás abstenciones (15), la resolución A/RES/71/99 obteniendo 163 votos a favor. En el 2015, el voto registrado de la resolución A/RES/70/91 fue de 160 a favor, uno en contra y 16 abstenciones. En el 2014, la resolución A/RES/69/94registró los siguientes numeros a la hora de ser votada: 162-1-15. En el 2013, la marca obtenida al votar la resolución A/RES/68/84fue 169-1-12. Este muy breve recuento permite tener mayor claridad en cuanto al repudio generalizado que han causado las acciones ilegales israelíes en los altos del Golán.

Durante la reunión extraordinaria solicitada por Siria al Consejo de Seguridad, la cual sesionó este 27 de marzo durante casi 2 horas (véase video disponible en este enlace oficial), la gran mayoría de las intervenciones refirieron a estas y a otras resoluciones adoptadas en el pasado, con excepción de dos delegaciones.

A modo de conclusión 

Con esta decisión formalizada este 25 de marzo del 2019, Estados Unidos desafía (nuevamente) la legalidad internacional vigente, desestabilizando un poco más el frágil equilibrio existente en Oriente Medio. La decisión anterior de trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a Jerusalén, anunciada en diciembre del 2017 y materializada en mayo del 2018, constituye otra abierta violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad y se inscribe en lo que pareciera ser una misma lógica del actual ocupante de la Casa Blanca: satisfacer cada una de las pretensiones de Israel según un cronograma muy preciso acordado con su Primer Ministro, sin importar mayormente las consecuencias.

* Profesor de derecho internacional público, Facultad de Derecho, UCR.

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Un regalo de sangre

Por Gustavo Espinoza M. (*)

En estos días, Martín Vizcarra Cornejo, el Jefe de Estado peruano cumplió su primer aniversario en el gobierno. Fue, en efecto, hace doce meses que, presionado por las circunstancias, Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a dimitir, lo que abrió paso a una sucesión constitucional, que es la que vive hoy el Perú. El acontecimiento, coincidió con un hecho adicional: celebraba el Mandatario, su propio cumpleaños, con lo que bien podría haber hecho una doble fiesta.

 Quizá, en esta circunstancia, habría esperado un saludo encomiástico y un beneplácito ciudadano más o menos tangible; pero la vida lo colocó ante un hecho infausto: recibió un regalo teñido de sangre: la de los comuneros de Fuerapampa, localidad ubicada en la región de las Bambas, en Apurímac, una de las zonas más  deprimidas, y olvidadas del país.

 Las noticias, nos hablan ya, en efecto, de la muerte de cuatro comuneros como consecuencia de balas policiales. Fue ese el resultado de una serie sucesiva de enfrentamientos, a todas luces desigual. Mientras dos mil policías actuaban con todo el apoyo del Estado, los comuneros indefensos defendían sus tierras con la fuerza de sus puños. Hasta hoy se han inmolado  Beto Chahuallo Huilca, de 24 años; Alberto Cárdenas Chalco, de 23, Exaltacion Huamaní, de 30 y Ezequiel Mamani, de 40 años. Todos, pobladores de la zona empeñados en una verdadera lucha por su propia subsistencia, y por la vida misma de su comunidad campesina. Hubo, además, 21 comuneros detenidos, 2 abogados encarcelados y varios dirigentes intervenidos,  lo que completa la secuela de la represión.

 A decir verdad,, no es la primera vez que la tragedia se ensaña con estos pobladores. En octubre del 2016, hubo una confrontación similar de resultas de la cual pereció un comunero -Eventino Cereceda Huilca- quien cayó abatido por las balas policiales empeñadas en hacer viable el proyecto minero las Bambas, en poder de la empresa MMG.

 En esa ocasión, la sangre impidió que el Estado concretara su propósito, y las Comunidades Campesinas de Cotabamba, Tambobamba y otras; pudieron proteger sus sembríos y sus propias viviendas. Esta vez¸ las cosas fueron a mayores como consecuencia de la voluntad del Gobierno Central empeñado –como lo dijera el propio Vizcarra- de “hacer valer el principio de autoridad”. Como en el pasado dramático de nuestro pueblo, ahora éste “principio” valió más que la causa del pueblo. Y ya dejó una dolorosa estela de muerte; y que quedará como un legado para nuestra propia historia y como testimonio de una verdadera tragedia.

 En el fondo, lo que está planteado en el Perú ahora –y una vez más- es el tema de la explotación minera. Los grandes consorcios, y la oligarquía criolla, sostienen perversamente que el Perú “es un  país minero”, y que la salida a la crisis que agobia la vida nacional, se habrá de resolver  a partir de la explotación de la ingente riqueza minera que cobija nuestro suelo.

 Las Comunidades Campesinas, por su parte, se aferran a la tierra, a sus cosechas y a sus  cultivos, a su vida milenaria y a sus costumbres comunales; atacadas y acosadas constantemente por la República burguesa; pero vivas,  en lo más intimo del  espíritu nacional.

 Para las autoridades de turno, el tema es simple: se trata de otorgar facilidades a los grandes consorcios mineros para que faciliten la extracción de ricos minerales de nuestro suelo y dejen, a cambio, determinados beneficios en provecho de las poblaciones. Nunca se ha  cumplido nada de eso.

 Si la minería fuera –como ellos dicen- “fuente de riqueza”, las zonas más ricas del país serían precisamente las mineras. Las poblaciones allí ubicadas, tendrían a su disposición ingentes recursos, gozarían de bienestar, obtendrían beneficios más extendidos, y dinero en abundancia.  Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que nada de eso es cierto.. Las zonas mineras de nuestro país –Cerro de Pasco, Huancavelica, Apurímac,  Moquegua, y aún Cajamarca- son las regiones más pobres. En ellas, se concentran los más altos indicadores de  atraso y de pobreza.

 El suelo mismo, en esas regiones, confirma tal realidad. Cerro de Pasco, por ejemplo, no es propiamente una ciudad. Es un conjunto de huecos abiertos en la tierra, en cuya cercanías se levantan construcciones paupérrimas, cuando no viviendas miserables. La gente, allí, no vive. Sobrevive, en condiciones infrahumanas. Nadie que haya visitado la zona, se atrevería a negarlo.

 ¿Se extrae riqueza del sub suelo? Claro que sí. Pero ella, va a parar a las arcas de los poderosos, a las manos de las empresas y consorcios que se benefician con la explotación minera; y nunca quedan en poder de las poblaciones que viven en esos predios andinos en condiciones simplemente miserables. Es cuestión, de mirar los indicadores de pobreza para darse cuenta que, en Cerro de Pasco, por ejemplo, el 97% de los niños menores de 11 años, tiene los pulmones atravesados por plomo; que la desnutrición infantil supera el 86% de la población registrada; que las enfermedades bronco pulmonares, afectan severamente a más del 60% de la población adulta.

 Pero más allá de los temas referidos a la incidencia de la minería en la vida humana, está planteado otro asunto  de  gran trascendencia: el de su relación con el medio ambiente. Y es que se ha comprobado de manera inequívoca que los relaves mineros afectan severamente la bio-diversidad. Las aguas contaminadas, y los relaves mineros contaminan las aguas,  destruyen los cultivos y envenenan al ganado, y a las personas que se valen de ellas con uno u otro propósito.  Eso explica la resistencia de las comunidades,  a la explotación minera.

 Por eso se dice, y con razón, que el tema de Bambas, es complejo y que tiene diversas aristas. Hay que hablar de la extracción del mineral, de las facultades de las empresas, la afectación de los suelos, las tierras  comunales, las vías de comunicación, la defensa del medio ambiente, la protección de la bio diversidad;  y otros asuntos de singular relieve. Todo eso, hay que tratarlo de manera clara y franca a través de un diálogo productivo y patriótico, que responda a las necesidades del país y a los requerimientos de las poblaciones. No “pateando el tablero”, ni haciendo  uso de la violencia y la muerte.

 Hay quienes buscan esa vía, Roque Benavides, dirigente de la CONFIEP, el más rico minero del país, y connotado militante del APRA, exige del gobierno el “uso de la fuerza para imponer la ley”. Lo secundan –claro está- el APRA, el Fujimorismo, los grandes empresarios, los políticos al servicio del capital y la “Prensa Grande” Todos, quieren sangre. Y, sobre todo, quieren ver al gobierno de Vizcarra, envuelto en sangre para justificar su campaña de “vacancia presidencial”, que tanto anhelan para “·tapar” la corrupción a cualquier precio. ¿Será consciente MVC de esto?

 Por lo demás, ¿Existe un conflicto de intereses en el tema de Las Bambas? Claro que si. Hace unos días César Hildebrandt  difundió  documentos que señalan que Pedro Pablo Kuczysnki sigue teniendo intereses en la empresa Servosa, a través de la española inversiones Devon Iberia, propietaria del 44,3% de sus acciones. PPK aparece hasta la fecha como apoderado de la firma española, mientras que Servosa es la empresa que le brinda servicios de transporte de mineral y abastece de gas a los principales proyectos mineros del país, entre ellos Las Bambas. Y es verdad.

 Hay que tomar en cuenta que los pobladores no se oponen a la minería por capricho. Lo hacen por un claro instinto de conservación y supervivencia; y porque son plenamente conscientes que la minería habrá de traerles, no progreso; sino muerte.

 Hechos luctuosos, como los ocurridos en la zona de Las Bambas, no pueden pasarse por alto, ni repetirse más. Merecen el rechazo más resuelto de la ciudadanía. La muerte nunca es el camino. Y la confrontación armada del Estado con el pueblo, es repudiable. La sangre de los peruanos no puede ser derramada inútilmente. Y un gobierno que se precie de representar la voluntad ciudadana, no puede actuar como una gavilla de asesinos al servicio del capital.

 Es hora de preguntarse entonces, ¿hasta cuándo será posible tolerar la muerte de los pobres a cambio del oro de los ricos? No se puede tolerar este nuevo hecho ignominioso. La protesta ciudadana, se impone.

(*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / nuestrabandera.pe

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Perú: de fracaso en fracaso

Por Gustavo Espinoza

De fracaso en fracaso, como dice la canción, parece ir la Cancillería peruana en su actitud ante el proceso bolivariano de Venezuela. Como no entiende ni jota del tema, se ha limitado, a acatar órdenes más hepáticas que políticas de Washington, y que no han tenido más resultado que llevar a Torre Tagle y a sus similares, a un ridículo descomunal. Como consuelo, al ministro Popolizio  le podría caer de perillas la frase de Churchill cuando no tuvo éxito en la jornada electoral del 45: “El éxito, es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo”. Y claro, el flemático ministro tenía razones para el entusiasmo: había culminado exitosamente la Guerra, y sus enemigos hitlerianos había sido vencidos. Pero los ingleses derrotaron a los Conservadores y el viejo león debió retirarse a sus cuarteles de invierno sin perder ni el humor, ni el entusiasmo.  Es claro que nuestro titular de Relaciones Exteriores está situado a millones de leguas de Churchill  y no tiene base alguna para ningún entusiasmo. Pero como ambos tienen en común la diplomacia y las derrotas, bien viene el recuerdo,

El trío letal de la política anti venezolana en nuestro continente –Donald Trump, Iván Duque y Juan Guaidó- aseguraron al mundo que el gobierno de Nicolás Maduro no pasaba del 23 de febrero. Que ese día, las “huestes liberadoras” entrarían en hombros a Caracas y ocuparían el Palacio de Miraflores para “restaurar la democracia” en la Patria de Bolívar. Ya tenían todo listo, desde la nómina de los ministros cipayos hasta los decretos transfiriendo el petróleo a las empresas yanquis, y acabando con todos los “programas sociales del chavismo”. Lo  mismo que pretendieron hacer en abril del 2002, cuando el Golpe de Carmona.

En esos planes sin duda siniestros, este trío logró embarcar a varios gobiernos, haciendo uso del “grupo de Lima”, monitoreado precisamente por el señor Popolizio, y la cancillería peruana.  Por eso, buscaron imponer que, a una voz, todos los gobiernos de la región “desconocieran” el Mandato Constitucional del Presidente de Venezuela y tuvieran la osadía de “reconocer” al auto proclamado Guaidó, como mandatario “interino”. Esa “orden” fracasó en todos los planos. Solo Paraguay –en América del sur- rompió con Venezuela y todos los demás -incluyendo el Perú- no tuvieron más alternativa que escuchar la  clara voz de Caracas –a cargo de Samuel Moncada- en la Asamblea de la OEA-  porque no hubo allí votos para “expulsar a Maduro”.

El gobierno peruano cometió allí un primer desatino: “reconoció a un “Presidente” que no tiene gobierno; y desconoció al Mandatario que gobierna Venezuela. Y, por si fuera poco, luego “reconoció” al enviado de Guaidó como “embajador” nombrado por ningún Estado

El segundo fracaso monumental ocurrió el mismo 23 de febrero, cuando los vehículos especialmente preparados para “entrar” en territorio venezolano, no pudieron cumplir tan tal propósito porque las fronteras del país fueron defendidas como corresponde. Los mismos que gritaron sus protestas porque la Guardia Nacional Bolivariana impidió el ingreso de los agresores; callan cuando Trump impide mediante la fuerza –con muralla incluida- el acceso de los migrantes procedentes de Centroamérica a territorio USA. Eso, les parece muy bien. ¿Qué hubieran dicho si Maduro hubiese construido un muro, para dividir la frontera con Colombia, como ocurre al sur de Yanquilandia?

Ya se ha podido establecer que los camiones que “!llevaban ayuda humanitaria” no tenían  como cargamento, ni víveres ni medicinas, sino armas de fabricación casera, cables y utensilios para ser usadas en el combate callejero por las guarimbas venezolanas. Pero Popolizio y los Cancilleres dijeron que si, que eran alimentos y medicinas. Se equivocaron de medio a medio –no sabían-,  o mintieron a sabiendas, porque sí tenían información del tema-  Por angas o por mangas, hicieron un ridículo apabullante.

El tercer fracaso se produjo en la reunión de Bogotá, que celebró el “Grupo de Lima”. Ahí, ya no pudieron justificar lo injustificable y debieron dar marcha atrás, Abogaron, entonces, por una “salida pacífica” ellos, que habían batido tambores de guerra 24 horas antes. En el caso, la imposición estuvo a cargo de los militares brasileños –los verdaderos dueños del “poder” de Bolsonaro- que son anticomunistas y anti obreros, pero también son anti yanquis, y no quisieron jugar otra vez el papel de marionetas de Imperio. Dejaron a Mike Pence, agarradito de la brocha, … ¡y le quitaron la escalera…!

Pero el cuarto, más que un fracaso, fue un papelón. El New York Times, luego de una prolija pesquisa y el contraste de pruebas documentales y testimonios, pudo reconstruir lo ocurrido el 23 de febrero con el camión incendiado, y arribó a tres conclusiones inobjetables: a) El hecho se produjo en el lado colombiano de la frontera, de modo que la Guardia Bolivariana no tuvo ni arte ni parte en el suceso b) El camión fue incendiado por un manifestante antichavista que arrojó explosivos al vehículo para hacerlo arder y provocar un conflicto mayor y c) el camión no portaba ni víveres ni medicinas, es decir, no era “ayuda humanitaria” sino implementos para “armas hechizas”  que llevaba a territorio bolivariano.

Después de esto ¿no correspondía que el “Grupo de Lima” se rectificase y pidiera disculpas? ¿Y no correspondía también que los Cancilleres que afirmaron oficialmente y en nombre de sus países que Nicolás Maduro había ordenado el incendio de ese  camión con ayuda humanitaria, se fueran a su casa, por mentirosos?. Quien pudo irse a su casa, fue el Ministro Popolizio, luego de tamaño desbarre. La crisis del Gabinete Villanueva debió dejarlo fuera de gobierno hasta por razones de higiene política. Pero no. Se quedó. ¿Producto de qué? ¿De las presiones de la embajada yanqui, o de la debilidad de Vizcarra, que no se atreve a cambiarlo? Prescindir de Popolizio podría implicar un cambio en política exterior. No se podría esperar que un “nuevo rumbo” en la materia derivara en un accionar de signo contrario. Pero si, que Torre Tagle recupera su dignidad, y recordara, por lo menos, que el Perú es un país independiente y soberano, y no la Mesa de Parte de la Casa Blanca.

Los apagones ocurridos en el 70% del territorio venezolano, que afectaron el control automatizado de regulación de sistemas en la Central Hidroeléctrica  Simón Bolívar, -una agresión cibernética que derivó en tres generadores saboteados- no fue un ataque cualquiera. Se trató de un crimen de lessa humanidad, y ante el cual los gobiernos están obligados a pronunciarse. Popolizio entre tanto ¿callará mientras no hable Washington?

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El quinteto de la muerte

Por Gustavo Espinoza

De manera general se considera que en la crisis latinoamericana que afecta severamente la experiencia liberadora bolivariana; la responsabilidad principal recae en el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump.

En efecto, él personifica no sólo una política aventurera, violenta y agresiva, que pone en riesgo la vida de millones de personas en nuestro continente;: sino también refleja una voluntad depredadora que hoy azota al mundo y que se expresa en diversas latitudes del planeta, desde Afganistán hasta Siria, pasando por Irak, Libia y las tierras de la cautiva Palestina .

Pero, en verdad, no es Trump. O, en todo caso, no es sólo él, quien promueve e impulsa la guerra que ya parece inevitable y que hasta tiene casi una fecha de inicio: el sábado 23 de febrero, cuando el señor Guaidó “ordene” al ejército yanqui iniciar una ofensiva militar contra la Patria de Bolívar, para imponer, a sangre y fuego, la “ayuda humanitaria” que dice poseer y sueña repartir entre famélicos inventados y mendigos inexistentes.

Detrás de Trump están por cierto el Complejo Militar Industrial, las grandes corporaciones, los productores de armas, los mercaderes de la guerra, pero también los medios de comunicación que buscan “captar” audiencia, y lectoría, entregando “en primicia” las acciones a iniciarse: las primeras ciudades tomadas por la soldadesca, la fila de cadáveres que acaparen las pantallas, la nómina de unidades vencidas y los estropicios que habrán de ser saludados y puestos a consideración del mundo como expresión de la “victoria de la democracia”.

Claro que no será así. Porque en esta lucha, habrá muertos, pero no rendidos. Habrá ciudades quemadas, pero no caídas. Y se registrarán cuarteles derruidos, pero no tomados. Y es que la sangre que corre por las venas de los venezolanos no admite pausa, ni descanso. Tampoco desánimo. Menos aún, un símil de derrota.

Los estrategas de la guerra, no podrán entonces ni frotarse las manos, ni cantar victoria. El quinteto de la muerte no sólo tendrá que lamentar sus propias bajas, sino también la incapacidad de su ejército, que no pudo con Sandino en nuestro continente, ni con Cuba; ni con Corea, ni con Vietnam en el sudeste asiático; y que tampoco podrá con Venezuela ni con los pueblos de América Latina, que lucharán a su lado, para rabia del Imperio.

El quinteto de la muerte -todos debieran saberlo- está integrado por el núcleo selecto de demenciales asesores del Jefe de Estado Yanqui. Sus nombres, un poco desperdigados, asoman de tanto en tano en los cables de las agencias de noticias, pero pasan desapercibidos para “el gran público”. Por eso, vale la pena mencionarlos en directo, para que alguna vez, alguien les pida cuentas aquí en la tierra.

Se trata de John Bolton, el hombre que ofreciera cinco mil soldados puestos en la frontera colombo-venezolana para iniciar las acciones la semana pasada. También, Mike Pence, Vicepresidente USA, quien recorre de norte a sur el continente americano para recabar “adhesiones” de gobiernos complacientes y serviles. Se hizo conocido en la Cámara de Representantes por presentar proyectos de ley en beneficio de los hermanos Koch, que le financiaron sus campañas electorales.

Se trata, además de Elliot Abrams, un antiguo y condenado halcón que en los años 80 del siglo pasado se viera involucrado en el llamado “escándalo Irán-contras” cuando se descubrió que hizo uso de recursos del Estado para comprar ilegalmente armas a Irán a fin de entregarlas a las bandas contra revolucionarias que operaban ya en las selvas de Nicaragua enfrentando al primer gobierno Sandinista. Y Mike Pompeu, Secretario de Estado, integrante del Tea Party, el núcleo más conservador del Partido Republicano, y enemigo a muerte del aborto y de cualquier iniciativa destinada a controlar el uso de armas civiles en la población. Es, sin duda, otro trompetudo asesor para asuntos de guerra en nuestro continente, encargado para el caso del lanzamiento de las amenazas más urticantes contra el pueblo de Venezuela.

Y para que no faltara el quinto, está Marco Rubio, el socio de Bob Menéndez, parlamentario por La Florida, que lucio cono adversario de Trump en los comicios del 2016 pero que ahora canta melodiosas canciones de guerra en el oído del titular del Poder en la Sala Oval. De él, se dice que vive pegado como una garrapata a las orejas del Mandatario porque sueña con persuadirlo que la guerra que comience en Caracas, la termina en La Habana, más allá del infinito.

La presencia de este Rubio, es significativa. Antes, se decía que la Mafia cubano-americana controlaba La Florida. Hoy puede afirmarse que, con su influencia sobre Trump, esa Mafia controla la política exterior de los Estados Unidos.

Si en el pasado el gran país del norte podía considerase la patria de Abraham Lincoln, Patrick Henry, Walt Whitman, John Reed y Martin Luther King; hoy puede asegurarse que el recuerdo de esos hombres vive adormilada en la conciencia de millones. La voz del mundo en demanda de paz que se escucha en todos los confines del planeta; habrá de despertar a ese gigante, para que restablezca el sentido común en la Casa Blanca

Estos son los que conforman el Quinteto de la Muerte. Ellos tienen en sus manos hoy las bombas que los soldados norteamericanos lanzarán mañana sobre aldeas y ciudades ubicadas al sur del río Bravo. Que nadie olvide sus responsabilidades

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